SEVILLA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
Alrededor de 800 algodoneros andaluces participarán en una demanda conjunta del sector contra las desmotadoras implicadas en un pacto de precios a la baja entre 2004 y 2012, según el dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC). Los agricultores exigen diez céntimos por cada kilo de algodón vendido en este periodo.
Desde la organización agraria UPA han detallado a Europa Press que en el año 2011 se procedió a la denuncia de varias desmotadoras andaluzas ante la CNMC por una práctica anticompetitiva consistente en la adopción de acuerdos tendentes a fijar los precios pagados a los productores del algodón.
El organismo incoó un expediente sancionador contra las seis desmotadoras andaluzas Algodonera del Sur (Algosur), Desarrollo y Aplicaciones Fitotécnicas (Dafisa), Eurosemillas y su filial Surcotton, Industria desmotadora andaluza (Indesa), Comasa y su matriz Agrícola Conagralsa (fusionadas actualmente en Las Lomas SL) y Colectivo Algodoneras del Sur de Andalucía (Coalsa) por una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia. Tras recurrir varias sentencias, llegó al Tribunal Supremo en 2019, que condenó a las desmotadoras a una multa de 400.000 euros.
La resolución favorable trajo consigo la posibilidad a los algodoneros a reclamar el dinero que no percibieron por esta práctica ilegal. Desde UPA informaron a los agricultores sobre la opción de una denuncia colectiva, que está en manos actualmente del despacho de abogados Redi de Barcelona.
Este bufete coordina la demanda grupal que contaba, a fecha de agosto de 2023 con 800 agricultores adscritos, estando abierto el plazo hasta junio de 2024, por lo que la organización agraria prevé que se alcance el millar de firmas.
El despacho, que ha habilitado el portal web 'cartelalgodon.com' para informar a los posibles agricultores afectados, ha calculado, a raíz de un estudio de la Unión Europea (UE), que la cuantía que dejaron de percibir los agricultores andaluces fue de diez céntimos por cada kilo de algodón vendido entre 2004 y 2012, dinero que ahora reclaman en la demanda conjunta.
