Andalucía, tercera comunidad con más desahucios por orden judicial hasta marzo con 616

SEVILLA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales andaluces practicaron 616 lanzamientos entre enero y marzo de 2026, un 45,2% menos que en el mismo periodo del año anterior, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) consultados por Europa Press. El sindicato de Inquilinas advierte, sin embargo, de que las cifras judiciales no reflejan todas las situaciones en las que una persona acaba dejando su vivienda, como ocurre cuando termina su contrato y el propietario plantea una subida del alquiler que no puede asumir.

En términos absolutos, Andalucía fue la tercera comunidad autónoma con más lanzamientos practicados en el primer trimestre de 2026, por detrás de Cataluña, con 921, y la Comunidad Valenciana, con 741. Le siguió la Comunidad de Madrid, con 582, según los datos incluidos en el informe judicial.

Los lanzamientos derivados de procedimientos relacionados con arrendamientos fueron los más numerosos durante el primer trimestre: 355, el 57,6% del total. Esta cifra se redujo un 56% respecto a los tres primeros meses de 2025, de acuerdo con el informe 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales'. De esta manera, Un lanzamiento es la ejecución forzosa por la que el juzgado desaloja a los ocupantes de un inmueble para devolverle la posesión a su propietario.

Otros 208 lanzamientos derivaron de ejecuciones hipotecarias, un 13,3% menos que un año antes, mientras que 53 respondieron a otras causas, con una caída interanual del 32,1%. El descenso registrado entre enero y marzo afectó, por tanto, a las tres categorías que recoge la estadística.

La memoria del TSJA de 2025 ofrece, por su parte, otra perspectiva sobre la actividad de los servicios comunes de notificaciones y embargos. Estos recibieron 8.134 solicitudes de lanzamiento en Andalucía durante el pasado año, un 5% menos que en 2024, y practicaron 4.033 con cumplimiento positivo. La cifra de solicitudes recibidas no representa, por tanto, el número de lanzamientos que llegaron a ejecutarse.

La memoria precisa que Andalucía cuenta con 61 servicios comunes de notificaciones y embargos. En sus estadísticas, Málaga fue la provincia que recibió más solicitudes de lanzamiento en 2025, con 2.253, de las que 1.264 se practicaron con cumplimiento positivo. Le siguieron Cádiz, con 1.239 solicitudes y 569 practicadas; Granada, con 1.175 y 504; y Almería, con 1.076 y 641.

En Sevilla, los servicios comunes recibieron 977 solicitudes de lanzamiento y practicaron 395 con cumplimiento positivo. La memoria señala que las solicitudes registradas en esta provincia aumentaron un 12% respecto a 2024. En el conjunto de Andalucía, crecieron también en Córdoba, Granada y Jaén, mientras que descendieron en provincias como Almería y Huelva.

"TE SUBEN MUCHO EL ALQUILER, TE TIENES QUE IR"

Ante esto, el militante del sindicato Inquilinas Andalucía Javier Jover ha señalado que la estadística judicial permite conocer los lanzamientos practicados, pero deja fuera otras formas de pérdida de vivienda, poniendo como ejemplo el final de un contrato de alquiler tras el que el propietario propone una renta que el inquilino no puede pagar.

"Te suben mucho el alquiler, te tienes que ir y esto no se contabiliza en ningún sitio", ha explicado. Por ello, el colectivo denomina a estas situaciones "desahucios invisibles" porque la persona abandona la casa sin que se produzca un lanzamiento judicial que aparezca en la estadística.

Según el representante, esta realidad es especialmente relevante en Sevilla, donde el sindicato recibe consultas de personas que no pueden afrontar la nueva renta y tampoco encuentran otra vivienda a un precio asumible. En esos casos, ha relatado, algunas terminan trasladándose a casa de familiares o buscando una habitación.

El colectivo también ha conocido casos de propietarios que ofrecen dinero a los inquilinos para que abandonen la vivienda antes de que termine su contrato. Su representante ha mencionado situaciones vinculadas a la venta de edificios o a la intención de cambiar su uso para destinarlos a alojamientos turísticos. Si la persona acepta la oferta y se marcha, esa salida tampoco figura como un lanzamiento practicado.

Ha explicado que, cuando surge un conflicto, puede abrirse una negociación entre propietario e inquilino. En ocasiones, este último consigue permanecer en la vivienda aceptando una subida menor que la solicitada inicialmente; en otras, ambas partes acuerdan una cantidad económica para que la abandone. El resultado, ha precisado, depende de las circunstancias de cada caso.

El representante ha citado además consultas de personas que, durante la vigencia del contrato, reciben una comunicación del propietario en la que afirma necesitar la vivienda para sí mismo o para un familiar. Según la experiencia del sindicato, algunas han encontrado después el inmueble anunciado por una renta superior a la que pagaban. Por ello, ha insistido en la importancia de pedir asesoramiento antes de tomar una decisión.

TRES CASOS PARA LA SEMANA SIGUIENTE EN UNA MAÑANA

Otro de los problemas que detecta el sindicato es el momento en el que las personas piden ayuda. Jover ha asegurado que, solo durante la mañana después del desahucio de Mari Carmen, les han llegado tres casos con lanzamientos previstos para la semana siguiente. "La gente nos contacta a última hora", ha afirmado.

Ha explicado que, cuando ya existe una fecha de lanzamiento, las opciones del colectivo para intervenir son más limitadas. Por eso anima a acudir al sindicato cuando comienza el conflicto con el propietario o, al menos, al recibir una demanda, momento en el que considera que todavía puede existir margen para estudiar el caso y negociar.

Entre quienes contactan con el colectivo hay personas jóvenes, familias con menores, personas migrantes e inquilinos que alquilan habitaciones. Así, ha señalado que no existe un único perfil afectado por las dificultades para mantener una vivienda de alquiler.

Preguntado por el tiempo que transcurre desde el inicio de un conflicto hasta un eventual lanzamiento, el militante ha evitado dar un plazo medio para Andalucía, pero ha señalado que depende del procedimiento y de las circunstancias de cada persona, además de las posibles negociaciones y acuerdos que se produzcan durante el proceso.

LA RESPUESTA TRAS PERDER LA VIVIENDA

El representante del sindicato de Inquilinas en Andalucía ha cuestionado además las alternativas disponibles para una familia cuando se ejecuta un lanzamiento y no tiene otro lugar al que ir. Según los casos que conoce el colectivo, la primera respuesta puede ser un recurso de emergencia consistente en unos días de alojamiento en un hostal.

Después, ha explicado, puede ofrecerse una solución de mayor duración "únicamente si existe disponibilidad". En esta línea, ha descrito casos de familias alojadas en una habitación de un piso compartido con otras personas y ha advertido de las dificultades que supone esa convivencia cuando varios miembros de una misma familia tienen que permanecer en una sola estancia.

Ha añadido que otras personas recurren a familiares cuando tienen esa posibilidad, pero "hay mucha gente que se queda literalmente en la calle", al tiempo que ha señalado que "faltan alternativas habitacionales para quienes pierden su vivienda".

Ante esta situación, el colectivo reclama más vivienda pública y social, contratos de alquiler de mayor duración y medidas para contener las rentas. En este sentido, ha defendido aplicar mecanismos de control de precios del alquiler en Andalucía.