Publicado 25/03/2021 16:46CET

Andalucía inició más de un millar de expedientes contra construcciones ilegales en 2020

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo.
La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha destacado este jueves que su departamento inició en 2020 más de un millar de expediente contra construcciones ilegales en Andalucía, el doble que hace dos años.

En una respuesta a una pregunta en el Pleno del Parlamento, Carazo ha puesto en valor el esfuerzo de la inspección urbanística. Esta actividad inspectora demuestra que "el decreto-ley de viviendas irregulares no iba a ser una amnistía, sino que iba a sentar las directrices para acabar con la indisciplina urbanística de los últimos años".

"De nada vale haber aprobado el decreto para regularizar viviendas irregulares que llevaban décadas en un limbo jurídico si dejamos proliferar este tipo de edificaciones ilegales como hacían los anteriores gobiernos", ha manifestado Marifrán Carazo, que ha puesto el acento en que ejercer la disciplina urbanística es fundamental "porque muchas veces estas construcciones acarrean graves consecuencias medioambientales para el territorio".

El número de expedientes tramitados por la Inspección de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio para prevenir la aparición de irregularidades urbanísticas se ha duplicado en solo dos años. Frente a los 557 expedientes tramitados en 2018, último año de la legislatura anterior, en 2019 fueron 965 expedientes, un 73 por ciento más, y en 2020, a pesar de la pandemia, el número de expedientes alcanzó los 1.087, con un incremento del
12 por ciento respecto a 2019 y un 95 por ciento más si se compara con 2018.

Este incremento de la actuación inspectora es fruto de la labor de
reestructuración y refuerzo de la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo que, en la medida de lo posible, ha optado por potenciar las medidas preventivas frente a las represivas y por una mayor presencia en el territorio del personal inspector. Así, durante 2020, y a pesar de que en el periodo de confinamiento del Estado de Alarma se suspendieron las visitas durante tres meses, el servicio de inspección realizó 524 visitas, frente a las 164 contabilizadas en 2018.

El aumento de las visitas de la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo a lo largo de toda Andalucía se ha producido no sólo a raíz de las denuncias recibidas, sino en base a una programación previa de las actuaciones a partir de un diagnóstico del territorio efectuado mediante el detallado rastreo de nuevas edificaciones y construcciones detectadas en la ortofotografía digital disponible.

Gracias a esta tarea preventiva, en 2020 se precintaron 65 edificaciones en el seno de parcelaciones ilegales, impidiendo con ello la formación de núcleos de población en suelo no urbanizable. El dato contrasta con el hecho de que en 2018 no se llevase a cabo ningún precinto. En esta labor está siendo clave la coordinación con los ayuntamientos, la Fiscalía y las fuerzas y cuerpos de seguridad municipales y estatales.

VIGILANCIA EN INTERNET Y ACUERDO CON EL ESTADO

La consejera ha informado de que se está intensificando la vigilancia contra la publicación en internet "de anuncios relativos a obras, actos y usos del suelo disconformes con la ordenación territorial y urbanística y sobre la nueva amenaza de instalación de viviendas prefabricadas en la costa andaluza".

Al respecto, en 2020 se han abierto 16 procedimientos sancionadores por haber publicitado en Internet la ejecución de estas obras, una de las novedades que se incluyen en el decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares.

Sobre este decreto ley, que entró en vigor hace más de un año, Marifrán Carazo se ha mostrado satisfecha por el acuerdo alcanzado con el Gobierno de España para que no presentase recurso de constitucionalidad contra esta normativa.

Contador

Para leer más