SEVILLA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia Provincial de Sevilla que confirme el auto en el que la juez María Núñez Bolaños archivó la pieza 'política' de los cursos de formación y ha acusado al PP-A de querer abrir "una vía prospectiva y generalizada" con su recurso para que se reabra la causa.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público se opone al recurso presentado por el PP-A, que únicamente alega motivos "de naturaleza puramente formal" y no entra a valorar "el fondo del asunto", y subraya que "la teoría del concierto previo no ha quedado demostrada", tal y como ya argumentó en su momento la instructora.
Según asevera, el PP-A no entra a valorar si "existen indicios de que el SAE, como administración encargada de la justificación y liquidación de las subvenciones, a virtud de órdenes o concierto con responsables políticos de la Junta, habrían establecido determinados instrumentos que hubieren posibilitado la creación de una red clientelar de personas y entidades favorecidas en la concesión de subvenciones".
En el recurso, "se rehuye del análisis riguroso de los hechos" y "se deja a un lado el análisis de hechos y jurídico", agrega el fiscal Fernando Soto, quien asevera que a pesar de tratarse de un recurso "voluminoso", ya que consta de 355 páginas, "en cuanto al contenido no hay nuevo que lo ya sabido, se vuelve a lo mismo".
El representante del Ministerio Público dice que "gran parte del contenido" del recurso "no son más que transcripciones de los interrogatorios" junto con fotos y recortes de prensa, "pero una vez despojado de todo ello, solo queda el esqueleto de lo que tan reiteradamente han venido exponiendo en el proceso".
"ES FALSO" QUE HAYA RECUSADO A LA JUEZ
En cuanto al incumplimiento del deber de abstención de la juez que promulga el PP-A en su recurso, el fiscal afirma que "es falso y contrario a la realidad mantener" que el PP-A haya recusado a la magistrada. "Ni la representación del PP recusó en su día a la instructora, ni lo ha realizado hasta la fecha de modo formal que conozcamos", apostilla.
Al hilo de ello, el fiscal precisa que el PP-A planteó una recusación "administrativa" y señaló como competente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo cual "mereció el reproche" del CGPJ "al estimar que no procedía la misma, y que la única recusación que cabe es la judicial regulada" en la Ley Orgánica del Poder Judicial, "recusación que no ha interpuesto el recurrente".
"Ahora lo que pretende es que se interprete que la que en su día interpuso, ha de ser considerada recusación judicial, argumento a todas luces improcedente", critica el Ministerio Público, que califica de "peculiar" entender que, "como el Consejo le ha desestimado esa extraña recusación, el Juzgado ha de tenerla como recusación judicial subsidiaria".
A su juicio, "lo que no puede pretender la parte recurrente es que una vez rechazada su extraña petición, ahora se tenga por recusada la magistrada sin más", de forma que una vez que al PP-A "se le notificó desde el CGPJ la desestimación de sus pretensiones y denuncias nada ha hecho, nada ha deducido, por tanto nada hay que resolver".
"ES FALSO QUE HAYAN APARECIDO NUEVOS DATOS"
El fiscal también asevera que "es falso que hayan aparecido nuevos datos" en la causa, todo ello después de que el PP-A haya asegurado que la Guardia Civil mantiene precintados dos despachos en las antiguas oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Sevilla que contienen una documentación "hasta ahora desconocida", ya que los expedientes de subvenciones "forman parte de este procedimiento desde mayo de 2015".
"El objeto de investigación siempre han sido fuentes que podemos considerar indirectas, aplicativo 'Júpiter', comunicaciones de la Intervención, etc... pero nunca los expedientes en sí", manifiesta el Ministerio Público, que muestra su "extrañeza" por el hecho de que "ahora la representación del PP se entere de su existencia y que quiera examinarlos y añadirlos".
"¿Si de verdad había un interés en examinar esa documentación, como es que no se interesó nada hasta entonces avanzada y sobreseída la causa?", se pregunta el fiscal, que añade que, "si de verdad tan de interés es, ¿por qué no censuran que la UCO no haya abierto ni uno solo de esos expedientes?".
En esta línea, señala que "analizamos las hipótesis expuestas en los atestados, y en ellos, quienes tuvieron a su disposición esos expedientes, no los tuvieron en cuenta, no consideraron oportuno examinarlo", por lo que "es el recurrente quien pretende de modo genérico abrir una vía prospectiva y generalizada".
"REFRITO" DE LAS DECLARACIONES DE LOS INTERVENTORES
En relación a las grabaciones de las declaraciones efectuadas en la causa, el fiscal hace hincapié en el hecho de que, "después de haber dejado caer" el PP-A que las grabaciones "se habían manipulado, resulta que sin más copias que las que se les entregaron, el recurrente puede transcribirlas y extraer conclusiones de las mismas".
"Según decían, estaban mutiladas, eran inaudibles y no podían verse u oírse", pero en el recurso "sólo hacen una pequeña mención a un vacío" y de manera previa "se ha transcrito la declaración del interventor de Huelva, al que tanta importancia se da", aunque "lo más sustancioso del escrito es que se trata de un refrito de las declaraciones de los interventores, utilizados a conveniencia de sus pretensiones".
El fiscal también denuncia la transcripción "sesgada" de las grabaciones realizada por el PP-A. "¿Pretende el recurrente imputar a todos los interventores por no hacer bien su trabajo en fiscalización previa? Porque si llevamos al extremo su tesis, estos señores colaboraron en el ocultamiento de datos, no olvidemos que los mismos señores que daban el placet por así decirlo subvención a subvención, año a año, luego vinieron a ponerlo en entredicho", dice.
Para finalizar, y respecto a la lista de supuestos beneficiados aportada por el PP-A, el fiscal asevera que el recurrente "oculta que la parte más sustancial de los mismos es objeto de investigación en diversas causas", como la relativa al exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda. "No alcanzamos a entender de donde obtiene la información que expone, y si la tiene, porque no denuncian o interponen querella contra los que las concedieron o se beneficiaron de las mismas", apunta.
"Lo que mantenemos es que siempre ha de hacerse un estudio individualizado de cada ayuda para analizar si en ella hay conducta criminal; el resto, que es la teoría del concierto previo, no ha quedado demostrada", concluye.
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