JAÉN, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia de Jaén retoma este lunes el juicio Matinsreg y lo hace con las declaraciones de los testigos. En total son 36 las personas que están llamadas a declarar en calidad de testigo en esta causa vinculada a una supuesta trama que, a través de facturas "infladas", conllevó un quebranto económico para las arcas del Ayuntamiento de Jaén de unos 4,5 millones de euros.
Serán seis días dedicados a escuchar a los testigos. Están citados seis por jornada y este lunes está previsto que declaren, entre otros, el que fuera concejal de Hacienda y Contratación en el Ayuntamiento de Jaén, Miguel Contreras, y Rosa Cárdenas, la persona que como alcaldesa accidental firmó el documento que permitió a Matinsreg realizar los primeros trabajos para el Ayuntamiento de Jaén.
Precisamente, Rosa Cárdenas estuvo investigada en esta causa hasta que finalmente el juez instructor determinó que su intervención podría ser calificada de "imprudente, pero no delictiva".
La presidenta del tribunal que juzga el caso comunicó a nueve acusados que están exentos de tener que estar presentes durante la declaración de los testigos y peritos, aunque están en su derecho de asistir a las mismas. Sí deberán estar presentes cuando tras los informes de las partes, previstos para el 29 de abril, se les dé el turno de la última palabra por si quieren añadir algo antes de declarar el caso visto para sentencia.
El origen de esta causa está en la querella interpuesta por el grupo municipal socialista a finales de 2017 y en la que se apuntaba a pagos "inflados" a Matinsreg, empresa a la que supuestamente se había adjudicado por un procedimiento de urgencia el servicio de las fuentes ornamentales en la ciudad cuando Fernández de Moya era alcalde de Jaén, en 2012.
La instrucción de esta causa derivó en la apertura de dos piezas separadas, de las que una de ellas sigue en investigación, mientras que otra ha sido archivada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén.
LOS ACUSADOS
El gerente de Matinsreg, G.G.V. ha sido el único de los nueve acusados que ha reconocido abiertamente ante el tribunal haber "inflado" las facturas que pasaba al Ayuntamiento de Jaén por el mantenimiento de las fuentes y haberlo hecho con el visto bueno del que fuera primer teniente de alcalde, Miguel Ángel García Anguita.
G.G.V. habló de haber alternado la realidad de las facturas para hacer frente al pago de comisiones que repartiría entre los dos empresarios que se sientan en el banquillo y, según conoció por terceros, el concejal Miguel Ángel García Anguita.
Tanto García Anguita como el que fuera concejal de Mantenimiento Urbano, Manuel del Moral, también acusado, rechazaron formar parte de esta supuesta trama. En el caso de Del Moral llegó a apuntar en su declaración a la Concejalía de Hacienda y Contratación como la que permitió que Matinsreg comenzara a trabajar en Jaén.
El que fuera alcalde de Jaén y ex secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, también rechazó en su declaración cualquier tipo de implicación o vinculación con la empresa Matinsreg.
"Ni participé, ni conocí ni me reuní, ni di ninguna instrucción sobre ninguna empresa de servicios públicos esenciales", resumió Fernández de Moya, que no está acusado por el Ministerio Fiscal, pero sí por el Ayuntamiento y por el PSOE.
También el técnico municipal que dio el visto bueno a las facturas recoció haber sido "algo imprudente", pero lo justificó por "el agobio" de carga de trabajo y por la falta de medios para hacer comprobaciones, además de dar por entendido que los precios que aparecían estaban "consensuados".
Por su parte, A.G.M., que está acusado de falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos, sostuvo que él no se encargaba de elaborar las facturas ya que éstas le llegaban hechas por el también acusado y responsable de la empresa Matinsreg.
No obstante, sí reconoció que llegó a desdoblar facturas cuyo importe superaban los 50.000 euros. En concreto se refirió a un arreglo llevado a cabo en el Mercado de San Francisco y cuyo importe total se dividió en dos facturas.
Sí se percató, y así lo dijo, de que en algunas facturas referidas a la cloración de las fuentes, el cloro empleado y las horas de trabajo no coincidían con lo finalmente facturado que era bastante superior, pero subrayó que él no estaba habilitado ni tenía capacidad para "fiscalizar" las facturas.
De esta forma, puso como un ejemplo que cuando los partes hablaban de 66 litros de cloro, luego aparecían facturados 256 litros, o que las horas de trabajo de tres operarios eran 24 y luego se facturaban 48 horas.
"Nadie me contrata para hacer una fiscalización de las facturas", dijo A.G.M., yerno del que también está acusado en esta causa por haber sido el que facilitó el desembarco en Jaén de Matinsreg, una empresa afincada en Zamora.
PENAS
En esta causa, el Ministerio Fiscal ha dejado libre de toda responsabilidad a José Enrique Fernández de Moya y a otra de las investigadas mientras que sí que ha presentado acusación contra siete de las nueve personas procesadas por esta causa.
El PSOE como denunciante ha pedido que se condene a Fernández de Moya por los delitos de prevaricación, malversación continuada y cohecho --este último lo tendrá que retirar--. Por el presunto delito de prevaricación, se pide que se le imponga diez años de inhabilitación absoluta y por el de prevaricación continuada, ocho años de cárcel y 20 años de inhabilitación absoluta.
En su escrito, el PSOE también reclama 17 años de prisión para un técnico del Ayuntamiento también investigado, A.S.G., y para el exconcejal Manuel del Moral, así como once años y medio de cárcel para el que fuera teniente de alcalde Miguel Ángel García Anguita (PP). Para el empresario J.M.A., como "mayor beneficiado del expolio" del Ayuntamiento, el PSOE reclama once años de prisión.
Desde el Ayuntamiento de Jaén se solicita que se imponga seis años de prisión y nueve de inhabilitación para cargo y empleo público para Fernández de Moya. El Ayuntamiento considera a Fernández de Moya responsable de un delito de prevaricación en concurso medial con otro de fraude y exacción ilegal.
El Ayuntamiento pide también penas de seis años de prisión para los cinco empresarios investigados en esta causa por fraude y exacción ilegal, además de falsedad en documento público. También reclama seis años de cárcel para el técnico municipal que dio el visto bueno a las facturas y diversas penas más por tráfico de influencias y cohecho en las que también están incluidos el que fuera teniente de alcalde, Miguel Ángel García Anguita, y concejal Manuel del Moral.
En su escrito de calificación provisional el Ministerio Público sólo apunta a nivel municipal como máximos responsables de la trama al que fuera teniente de alcalde, Miguel Ángel García Ánguita (PP), y al entonces concejal de Mantenimiento Urbano, Manuel del Moral (PP), así como al técnico municipal A.S.G..
Para estos tres acusados, el Ministerio Fiscal pide nueve años de prisión, seis como presuntos autores de un delito de malversación de caudales públicos en concurso medial con el delito de falsedad documental, y tres años más por el delito de cohecho, además de multa de 7.200 euros. También reclama su inhabilitación para cargo o empleo público durante 25 años.
Para otros tres acusados solicita penas de siete años de cárcel por malversación de caudales públicos y seis años para el último de los acusados por el mismo delito. Asimismo, el Ministerio Fiscal pide que los siete acusados indemnicen al Ayuntamiento de Jaén en 4,9 millones de euros, cantidad en la cifra el perjuicio económico causado al Consistorio jiennense.
