BUJALANCE (CÓRDOBA), 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
El secretario general y el responsable de Relaciones Institucionales de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Córdoba se han reunido con la presidenta de la Mancomunidad del Alto Guadalquivir y alcaldesa de Bujalance, Elena Alba, a la que le han expuesto la situación de la Benemérita en los municipios que forman parte de dicha mancomunidad, cuya seguridad corresponde a los puestos de Montoro, Bujalance, Villa del Río, El Carpio, Adamuz y Villafranca.
Según ha manifestado AUGC en una nota, entre todos esos puestos suman una plantilla "insuficiente" para las actuales necesidades, sobre todo teniendo en cuenta que "más del 25% de los efectivos no están disponibles por encontrarse agregados a equipos ROCA y VioGen, comisionados en otras unidades o con bajas médicas de larga duración".
Por tanto, han señalado que "en esta mancomunidad la ratio sería de un guardia civil por cada 666 habitantes --por cada 893 habitantes, si se tiene en cuenta el personal disponible realmente en la actualidad--", de modo que "la consecuencia es que esos puestos sólo pueden abrir sus puertas para atender a la ciudadanía en horario de mañana, y no todos los días, tan sólo dos o tres días de la semana".
Además, han advertido de que "ese déficit de plantilla y la dispersión en diferentes puestos obliga a tener que mezclar agentes de distintas unidades para sacar patrullas a la calle, y las escasas patrullas de seguridad ciudadana disponibles se ven sobrepasadas al tener que vigilar y atender las incidencias de varias poblaciones simultáneamente, algunas muy distantes entre sí", por lo que "se incrementa mucho el tiempo de respuesta ante requerimientos ciudadanos". De hecho, "en algunos turnos una sola patrulla se tiene que encargar de las demarcaciones de Bujalance, Montoro, Villa del Río, Adamuz, Villafranca, Cerro Muriano y Córdoba", han apostillado.
Ante esa situación, AUGC ha trasladado a la regidora bujalanceña su propuesta de reestructuración del despliegue territorial de la Guardia Civil en la provincia, mediante "una comarcalización de las unidades actualmente inoperativas", de forma que "se agrupen los efectivos ahora dispersos en unidades capaces de cubrir las necesidades de seguridad de todas las poblaciones, porque así se conseguiría reducir el personal dedicado a funciones administrativas e incrementar el número de efectivos para cometidos netamente policiales, lo cual permitiría contar con más patrullas en todos los municipios".
Asimismo, ven "necesaria la dotación de personal propio para los nuevos equipos especializados que se han ido creando --robos en el campo, violencia de género, ciberdelincuencia y seguridad aeronáutica--, para no detraerlos de los puestos de seguridad ciudadana como se hace ahora, así como la incorporación de personal en situación de reserva para desempeñar los cometidos administrativos".
CUARTELES "MUY ANTIGUOS"
Los representantes de AUGC también han expuesto que "la mayoría de los acuartelamientos del Instituto Armado en la mancomunidad son muy antiguos, con dependencias oficiales que necesitan mejoras y pabellones en mal estado", pero "las partidas presupuestarias para infraestructuras son insuficientes todos los años", han criticado.
En este sentido, han defendido que "la comarcalización y agrupación de efectivos reduciría los costes de mantenimiento de instalaciones y permitiría mejorarlas".
Por otro lado, han avisado que "un elevado porcentaje de los vehículos asignados a los puestos de esa zona son viejos, acumulan muchos kilómetros y se encuentran en mal estado", por lo que la asociación profesional ha propuesto que "la Guardia Civil utilice mayoritariamente vehículos de 'renting', como se hace en otros cuerpos policiales, así como que Interior centralice las compras de vehículos para los dos cuerpos estatales".
En la reunión también se han tratado otras cuestiones, como "la necesidad de que los guardias civiles tengan una jornada laboral digna con turnos de trabajo que les permitan conciliar su vida laboral y familiar, el reconocimiento del derecho a una jubilación digna en las mismas condiciones que el resto de cuerpos policiales, la reclasificación al grupo B funcionarial de la escala básica de cabos y guardias, el pleno cumplimiento del acuerdo de equiparación salarial y profesional".
