Cádiz.- La Junta traslada a Fiscalía e Inspección de Trabajo un posible delito de la envasadora Metalsa en Algeciras

La plantilla, de 53 trabajadores, se ha encerrado en la fábrica como protesta por el impago de nóminas y por su falta de ocupación

Europa Press Andalucía
Actualizado: jueves, 9 noviembre 2006 14:55

CADIZ, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empleo a través de su viceconsejero, Agustín Barberá, y de su delegado provincial en Cádiz, Juan Bouza, remitió hoy un escrito a la Fiscalía y a la Inspección de Trabajo por el posible delito de la envasadora Metalsa de Algeciras (Cádiz) ante el "incumplimiento" de un acuerdo de la empresa con los trabajadores, un total de 53 que se han encerrado en la fábrica como protesta por el impago de nóminas y por su falta de ocupación.

Según un comunicado remitido a Europa Press por la Delegación Provincial de Empleo de la Junta en Cádiz, la envasadora se comprometió el pasado marzo a indemnizar a los 53 empleados afectados por su Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con 40 días de salario por año trabajado, pero a día de hoy Metalsa "no ha materializado este compromiso", que junto con el hecho de "no dar ocupación efectiva y no abonar los salarios" pudiera constituir una actuación de presunto delito.

Así, Barberá, Bouza y el subdelegado de Gobierno de la Junta para el Campo de Gibraltar, Rafael España, se reunieron el pasado lunes en Algeciras con los empleados de Metalgráfica Malagueña SA (Metalsa), un encuentro que culminó con la decisión de los representantes autonómicos de enviar un escrito, tanto a la Fiscalía que dirige en Cádiz Ángeles Ayuso, como a la Inspección de Trabajo, cuya responsable en la provincia es Josefina Galindo.

La Delegación de Empleo, según explicó en la nota, resolvió el pasado 20 de marzo del presente año el ERE de Metalsa, envasadora instalada en el Campo de Gibraltar, con petición de cese de la actividad laboral y extinción de sus contratos de trabajo, una resolución que se acogía al acuerdo firmado por la compañía y el comité de empresa el 8 de marzo.

Este pacto contemplaba que las condiciones económicas que los empleados percibirían al abandonar la fábrica serían de 40 días por año trabajado, con un tope de 42 mensualidades.

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