SEVILLA, 19 May. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha destacado este martes que la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), que inicia su tramitación, viene a "reforzar la figura de la Inspección" y es "proteccionista" ante el litoral, el medio ambiente y el patrimonio de la comunidad.
Así lo ha señalado en una entrevista en RTVA, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que todas las actuaciones que contiene esta norma están dirigidas a la protección del medioambiente y del patrimonio. "Los gobiernos anteriores no dieron solución al litoral, pero ahora se protege aun más", ha señalado, toda vez que ha reprochado que "los mismos de siempre tiren de crítica fácil ante lo desconocido".
Frente a esto, ha señalado que esta norma representa "un revulsivo" en "un momento complicado de Andalucía" y viene a ayudar a los municipios a desarrollar "los proyectos guardados en los cajones", punto en el que ha recordado que un total de 496 planes generales estaban "atascados" por "la falta de claridad de la anterior normativa".
"Esta norma viene a simplificar, aclarar, dar seguridad jurídica y a ayudar a desarrollar Andalucía dentro de la sostenibilidad y la protección", ha asegurado Carazo, que ha negado que esta ley venga a desregularizar y ha advertido de que "no se pueden volver a producir casos como el Algarrobico".
"El desarrollo debe ser compatible con la sociedad, con la protección y el cuidado del entorno", ha asegurado la consejera, quien ha criticado que, los gobiernos anteriores miraran "a otro lado" para hacer frente a estas situaciones y ha pedido que "no den lecciones" los que no pudieron controlar "el caos urbanístico".
En cuanto a su tramitación por urgencia, la consejera ha indicado que ha sido una decisión tomada "vinculada a la pandemia" del coronavirus porque esta nueva norma "va a ayudar en la salida de la crisis social y económica" y ha instado a "no perder ni un minuto" en este sentido. Además, ha explicado que este tipo de tramitación "reduce los plazos administrativos a la mitad, pero no merma la participación social".
