CCOO-A critica que el nuevo marco jurídico de Andalucía regula "a la baja" los cuidados y crea "graves desequilibrios"

SEVILLA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Políticas Sociales de CCOO de Andalucía, Inmaculada Sánchez, ha alertado que la publicación de la nueva Orden, 21 de julio de 2026, de la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad por la que se regulan los requisitos materiales y funcionales de las residencias y centros de día para personas mayores, impone ratios de personal "insuficientes y criterios de flexibilidad en la contratación de personal de atención directa de segundo nivel que no van dirigidos a dignificar la calidad del empleo del sector y garantizar que los cuidados profesionales puedan orientarse hacia un verdadero modelo integral centrado en la persona y favorecer entornos similares a un hogar".

"Sin más personal no hay modelo de hogar posible, solo más sobrecarga para las trabajadoras y peor atención para nuestros mayores", ha señalado el sindicato en una nota de prensa.

De esta manera, la organización sindical ha señalado que la Orden autonómica se aleja de los mínimos fijados por el Acuerdo Estatal de 2022 para avanzar hacia un modelo centrado en la persona. Mientras el marco estatal establece ratios de atención directa (Ad1N + Ad2N) de 0,51 en residencias de mayores y 0,58 en las de discapacidad, la normativa andaluza fija para los nuevos centros apenas un 0,264 (autorizados) y un 0,38 (acreditados), una "diferencia considerable que compromete la calidad del servicio".

Asimismo, CCOO ha alertado de la vulneración del principio de equidad para los usuarios y del impacto directo en la salud laboral de las plantillas por la sobrecarga de trabajo.

A ello se suma la concesión de un margen de cinco años a las empresas del sector --que gestionan más del 85% de las residencias de mayores-- para implantar progresivamente el incremento de ratio. En el caso de los centros acreditados bajo la Orden de 1997, se partirá de una ratio de 0,33 este año para alcanzar solo el 0,38 en 2031, mientras que los regulados por la Orden de 2007 tampoco superarán ese 0,38.

CCOO ha acusado al Gobierno andaluz de legislar "priorizando los intereses de la patronal por encima del bienestar de las personas usuarias y trabajadoras". Para el sindicato, "resulta inconcebible la discriminación hacia los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad social".

CCOO ha considerado así una prueba "de este desinterés la excepción introducida en la ratio de personal para centros sin ánimo de lucro en funcionamiento, donde solo se exige una ratio de 0,10 para gerocultoras (Ad1N) y se omite el número necesario de profesionales de atención directa de segundo nivel (Ad2N), como Educación Social, Enfermería o Fisioterapia".

Asimismo, CCOO critica que las Unidades de Convivencia fijen un máximo de 25 usuarios, una cifra muy alejada de las 15 plazas que el sindicato exige para garantizar una atención centrada en la persona y preservar la salud laboral de las plantillas.

A esto se suma la unificación de los centros en una única tipología --Centros Residenciales de Personas Mayores Dependientes--, lo que elimina las ratios específicas para centros de discapacidad, que en normativas anteriores contemplaban mayores dotaciones de personal.

Por último, el sindicato insiste en que una coordinación sociosanitaria eficaz requiere dotar de profesionales y financiación a los Centros de Atención Primaria. Sin estos recursos, el modelo se reduce a "papel mojado";, como ya señaló el sindicato ante la I Estrategia Andaluza para la Coordinación Sociosanitaria (EACS).

En este sentido, la organización exige a la patronal y al Gobierno andaluz la inversión necesaria, recalcando que "dicha coordinación en ningún caso debe sustituir la presencia obligatoria de personal de enfermería en todos los turnos".