Archivo - La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO-A, Marina Vega. Imagen de archivo. - CCOO - Archivo
SEVILLA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha denunciado la agresión sufrida por un educador social de 63 años en el Centro de Internamiento de Menores Infractores 'La Jara', situado en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, como consecuencia el trabajador ha sufrido varias fracturas que han derivado en su baja laboral. A raíz de este incidente, la organización sindical ha alertado de "una crisis generalizada que afecta a los centros de reforma juvenil en Andalucía" y de un "deterioro alarmante" de las condiciones laborales en este tipo de centros.
Según ha detallado CCOO-A en un comunicado, la agresión ha tenido lugar durante el turno de noche del pasado martes. Desde el sindicato insisten en que este episodio "no constituye un hecho aislado", sino que "es sintomático de una crisis generalizada que afecta a los centros de reforma juvenil en Andalucía".
La organización sindical también ha denunciado un "incremento exponencial" de las agresiones al personal y una "acusada inestabilidad contractual", factores que, según subrayan "amenazan tanto la integridad de los trabajadoras como la calidad del servicio prestado".
La agresión registrada en 'La Jara' se enmarca en un contexto nacional de "extrema gravedad, marcado trágicamente por el fallecimiento de una educadora en Badajoz y el apuñalamiento de una compañera en Bilbao", ha señalado la organización sindical.
En Andalucía, la situación es "igualmente crítica, con graves incidentes reportados en distintas provincias", ha advertido, señalando "las recientes agresiones físicas en centros de Sevilla y Almería, donde un educador necesitó puntos de sutura en un ojo y destrozos en habitaciones de centros en Córdoba, Sevilla y Jaén, incluyendo inundaciones intencionadas en este último".
Además, ha hecho hincapié en "las alertas de profesionales en Granada y Córdoba, quienes advierten que los nuevos perfiles de menores requieren más personal y protocolos especializados". "A todo ello se suma que la violencia verbal --en forma de amenazas, insultos, gritos y descalificaciones-- es una realidad cotidiana en estas instituciones", ha subrayado.
La Federación de Enseñanza de CCOO-A ha denunciado que la exposición "continuada" a entornos de "alta peligrosidad" que "está generando un grave deterioro de la salud mental del colectivo, con cuadros de ansiedad y estrés laboral crónico".
El sindicato ha atribuido esta situación "insostenible" a tres factores: "una financiación insuficiente que prioriza el criterio económico sobre la calidad asistencial y educativa; una falta de supervisión efectiva por parte de la Junta de Andalucía para garantizar condiciones dignas y seguras; y el estigma social que rodea a estos centros, reduciendo el interés político por mejorarlos".
LOS AVANCES DEL V CONVENIO COLECTIVO "PODRÍAN QUEDAR EN PAPEL MOJADO"
La organización sindical ha insistido en que "esta crisis se ha visto agravada por la incertidumbre contractual". Los avances alcanzados en el V Convenio Colectivo del sector "podrían quedar en papel mojado si la Junta opta por prorrogar los contratos actuales en 2026 en lugar de publicar nuevos pliegos, lo que congelaría las mejoras salariales y perpetuaría la precariedad estructural".
Ante esta situación, CCOO-A ha exigido a la Consejería competente la adopción "inmediata" de medidas que reviertan la situación. Entre dichas medidas, el sindicato ha exigido la publicación de nuevos pliegos de contratación que incorporen "íntegramente el V Convenio Colectivo". Además, ha solicitado el cambio del modelo de licitación para "priorizar criterios de calidad sobre el precio".
Por último, el sindicato ha exigido que en el pago delegado para el abono de los salarios del personal "se establezca un plus de peligrosidad de carácter autonómico y se implementen protocolos efectivos contra las agresiones que incluyan apoyo psicológico y jurídico inmediato para las víctimas".
Tras estos últimos acontecimientos, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO-A, Marina Vega, ha denunciado que "no se puede permitir los profesionales sigan expuestos a agresiones debido a la falta de medios y a la ausencia de un compromiso firme por parte de la Administración".
Al hilo de lo anterior, ha advertido de que "la posible congelación salarial en 2026 supondría un colapso funcional del sistema, dificultando aún más la contratación y la retención de personal cualificado en unos centros donde ya resulta extremadamente complejo desarrollar la labor educativa". "Es imprescindible que la Junta actúe para revertir una situación que ha superado todos los límites de lo tolerable", ha concluido.