CECE-A lamenta la "discriminación" de la Junta con la enseñanza concertada y emite una "queja formal"

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Centros de Enseñanza (CECE-Andalucía), entidad que representa a 425 centros educativos en Andalucía, ha lamentado la "discriminación" de la Junta con la enseñanza concertada y ha interpuesto una "queja formal" ante la Consejería de Educación y Deporte por las políticas que, referida a los conciertos educativos, se están llevando a cabo por esa Administración, "en contra de lo prometido y comprometido por este Gobierno".

Así, en dicho escrito, firmado por su secretario general, Rafael Caamaño, se afirma que este Gobierno y Educación "se comprometieron con la libertad de enseñanza, la pluralidad de modelos educativos y la demanda de las familias", pero "nada de ello se ha hecho realidad, pues todas las unidades concertadas solicitadas de formación profesional en todos sus grados han sido denegadas mediante la resolución publicada el 11 de agosto en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)".

"Es incomprensible que después de comunicarnos que se iba ampliar la oferta en ciclos formativos para dar respuesta a la altísima demanda de estas enseñanzas sin poder cubrirla, después de la inversión privada que en muchos casos se ha realizado atendiendo a los ciclos que más demanda tenían, no se haya concertado ni una sola unidad, a pesar de las innumerables reuniones mantenidas en todos los niveles", ha lamentado.

Pero, añade, "a mayor abundamiento en otras enseñanzas se ha retirado el concierto por ratio baja de oficio, sin iniciar un procedimiento individualizado y aprovechando la convocatoria de enero, sin tener en cuenta la situación actual de pandemia y la coyuntura por la que estamos atravesando, lo que supone una merma de recursos materiales y humanos a centros que en muchos casos atienden a una población complicada con muy pocos recursos de partida, cuando lo coherente hubiese sido dejar la foto fija actual, si no hay incrementos por la actual situación, tampoco deberían haberse rescindido otros".

Caamaño ha añadido en su escrito que "la cicatería en los recursos es insuperable" pues "la pérdida de una unidad de primaria ha llevado consigo la pérdida de horas de un trabajador en función directiva, es decir por perder una unidad de seis unidades te quitan todas las horas de función directiva", hecho este que "no se ha producido ni con gobiernos anteriores", y ha lamentado que los alumnos de la concertada "no pueden seguir en sus centros cursando el Bachillerato en el mismo régimen porque no se han concertado".

Ha expuesto además, en cuanto a la estructura de centros, que "no se ha llegado a ningún acuerdo a pesar del compromiso" del consejero, Javier Imbroda, y "no suponen aumento de ninguna unidad respecto a los conciertos vigentes" y a pesar de ello, ha agregado que "no se ha atendido ninguna petición de reestructuración, cuando uno de los objetivos era la eficiencia de los fondos públicos".

"Así nos encontramos con centros de dos líneas de Primaria y una de Infantil, dos de Secundaria y una de Primaria, etcétera, cuando lo que se solicita es adecuar esas estructuras sin aumento de concierto", ha indicado, para tachar de "llamativo" el caso de entidades con concierto único a las que "no se les ha permitido mover de centro ninguna unidad a pesar de las inversiones realizadas, sin coste para la Administración". "Ya en julio presentamos un escrito de queja a la viceconsejera por este motivo, el cual no ha obtenido respuesta", ha asegurado.

Ha subrayado que la estructura de cargos directivos "es irrisoria, data de un acuerdo de 1999, completamente obsoleto que en muchos casos no permite llevar la dirección de los centros, pues su equipo directivo es pírrico y además tienen que tener horas dedicadas a la impartición de clase", y en cuanto a los servicios complementarios, ha apuntado que para el curso 20/21, "seguimos sin aplicar" las sentencias del Tribunal Supremo, "sometiendo a los centros a una burocracia que no tienen amparo legal, simultaneando con multitud de inspecciones pidiendo autorizaciones imposibles, de hace más de dos décadas y que en muchos casos se han obtenido por silencio administrativo positivo".

"NO ESTÁN SIENDO TRATADOS" COMO LOS PÚBLICOS ANTE EL COVID

En cuanto a la situación actual por el Covid, Caamaño ha referido en su escrito que los centros concertados "no están siendo tratados de la misma manera que los centros públicos ante la misma situación", puesto que lo concertados "no tienen partida económica para las medidas higiénicos sanitarias que se deben adoptar pues la partida para el PAS no se ha incrementado cuando se triplica la tarea", y respecto al material, "ha sido lamentable como hemos tenido que ir pidiendo las mascarillas y demás material por las delegaciones territoriales".

Ha asegurado que los coordinadores Covid "tienen que asumirlo" los centros, ya que "no se ha dotado de horas para esta tarea y los profesores tienen que impartir las clases, no hay horas para realizar esta especial, novedosa y trascendente tarea que tan directamente va a repercutir en el alumnado y en la gestión de todo el centro", y ha lamentado que los centro concertados "no tienen programas específicos de refuerzo PROA" y los de educación especial específicos --en su mayoría concertados--, "no tienen personal de refuerzo a pesar de su labor por todos muy reconocida y alabada pero sin fondos"

En definitiva, para CECE-A la enseñanza concertada en Andalucía "sigue discriminada" respecto a la otra red de centros que conforman el sistema público de educación andaluz, y, a su juicio, "los efectos de esta discriminación no lo sufren los centros, sino que repercute directamente en el alumnado, que carece de recursos y medios materiales y humanos respecto a otros centros y sus alumnos".

"Ni que decir tiene, los alumnos andaluces que pagando todos sus impuestos han optado por acudir a centros privados, a éstos se les niega todo a pesar de su contribución al sistema de servicios públicos", ha puntualizado Caamaño, quien ha precisado que "ni en esta coyuntura tan especial que atravesamos se les ayuda en nada a las familias, habiendo solicitado al menos los test covid para el profesorado para crear entornos seguros, teniéndolo que sufragar también las familias, ante la negativa de esa Administración".

Por todo ello "elevamos este escrito manifestando nuestro malestar y decepción ante tantas promesas de libertad e igualdad plasmadas en sus propuestas antes y después de las elecciones", ha finalizado el secretario.