Los cuatro acusados, que serán interrogados mañana, anuncian que no contestarán a las preguntas de las acusaciones particulares
GRANADA, 17 May. (EUROPA PRESS) -
El planteamiento de las cuestiones previas de las defensas ha centrado hoy la primera sesión del juicio que se sigue en el Salón de Plenos del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) contra cuatro personas, entre ellas el que fuera titular del Juzgado de Instrucción 2 de Marbella (Málaga) Francisco Javier de Urquía, que está acusado de ofrecer favores judiciales a cambio de dinero a los implicados en la denominada 'Operación Hidalgo' contra el blanqueo de capitales que el propio magistrado investigaba.
La sesión, que ha contado con una amplia expectación mediática, comenzó pasadas las 10,30 horas y se ha prolongado hasta las 13,00 horas aproximadamente. No será hasta mañana, a las 8,15 horas, cuando comiencen los interrogatorios de los cuatro procesados, que ya han anunciado que se negarán a responder a las preguntas de las acusaciones particulares.
En el día de hoy, el presidente del tribunal, el magistrado de la Sala de lo Social del TSJA Manuel Mazuelos ha rechazado tres de las cuatro cuestiones previas planteadas por las defensas de los imputados. En concreto ha desestimado las dos propuestas de la abogada del procesado Igor M.L. y la de la representación legal de Arnaud F.A. --ambos, según el fiscal, amigos del juez De Urquía--, y ha aceptado la presentada por el abogado del magistrado imputado, que ha aportado documentación sobre el proceso que ya enjuició el Alto Tribunal andaluz en 2008, por una causa procedente del caso 'Malaya'.
La defensa de Igor M.L., que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de multa de ocho millones de euros por posible cohecho, pidió en la sesión de hoy que se inadmitan como prueba una serie de grabaciones entre él y el hijo del propietario de algunas de las empresas investigadas en 'Hidalgo' en las que se hace supuestamente patente que éste le pidió seis millones de euros a cambio del favor del juez De Urquía, actuando en su nombre.
Para la letrada, no se ha podido comprobar la "autenticidad" e "integridad" de dichas grabaciones, que se realizaron entre los meses de mayo, julio y agosto de 2007, si bien el tribunal consideró que en los dos años en los que ha durado la instrucción nada se dijo a este respecto, por lo que en el momento actual no es pertinente considerar la prueba inadmisible.
Como segunda cuestión, la abogada de Igor M.L --responsable de la revista 'Social Life--, ha solicitado que se haga una Comisión Rogatoria al Reino Unido para que se aportara el registro de llamadas de la oficina del hijo del propietario de las empresas implicadas en 'Hidalgo' para comprobar quién inició los contactos, lo que, en opinión del tribunal, es "estéril" porque se obtendría una "tráfico" de llamadas, sin conocer su contenido.
EL REGISTRO DE LLAMADAS DE PHILIPPE JUNOT
La defensa de Arnaud F.A., que se enfrenta al pago de una multa de ocho millones de euros y dos años de prisión por dos delitos de cohecho, pidió que también se aporte el registro de llamadas de Philippe Junot para que se constate también quién se puso en contacto con quién, teniendo en cuenta que el Ministerio Público acusa al procesado de pedirle al ex marido de Carolina de Mónaco que mediara con el dueño de las empresas antes mencionado, lo que tendría un costo de "cinco millones de euros".
El presidente del tribunal desestimó esta cuestión ateniéndose a las mismas razones anteriores y que se podría atentar contra la intimidad de Junot, que además declarará como testigo en el juicio y que podrá decir al respecto lo que estime oportuno.
El abogado de De Urquía, para quien el fiscal solicita dos años de cárcel, ocho millones de euros de multa, y 30 años de inhabilitación como magistrado, sólo planteó que se aporte como documentación a la causa la declaración que ya hizo Urquía ante el Alto Tribunal Andaluz en la causa por la que fue condenado y otros testimonios de personas que declararon durante la vista, a lo que el tribunal y el Ministerio Fiscal, que representa en el juicio el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, no se opusieron.
La representación del juez ha anunciado hoy además que renuncia al testimonio que solicitó de la actual juez titular del Juzgado de Instrucción 2 de Marbella, que investiga el caso 'Hidalgo', porque su declaración podría desvelar en qué momento se encuentra el caso.
En la causa también está procesada una cuarta persona, Azan K., quien tenía una orden de detención del juzgado del que era titular De Urquía y a quien Arnaud F.A., según el relato fiscal, le propuso lograr la libertad a cambio de 60.000 euros. Tras entregrarle el dinero, el entonces instructor dictó auto de libertad para él y para su mujer y su sobrino, para los que se había decretado su ingreso en prisión anteriormente.
Las cuatro defensas --del juez, de Igor M.L., de Arnaud F.A., y del cuarto acusado Azan K.-- piden la libre absolución, y el Abogado del Estado, también personado en la causa, considera que procede la absolución De Urquía. En el proceso, además del Ministerio Fiscal, hay personadas tres acusaciones particulares: en representación del hijo del propietario de las empresas investigadas que fue presionado para aportar dinero a cambio de favores judiciales, un despacho de abogados y una empresa.
ACUSACIÓN PROVISIONAL DE LA FISCALÍA
Según señala el fiscal en su escrito de acusación provisional, al que tuvo acceso Europa Press, el juez, "aprovechando su competencia como instructor de la causa", se puso de acuerdo con los acusados Igor M.L. y Arnaud F.A., "con los que mantenía una estrecha amistad", para "obtener algún beneficio económico importante a cambio de ofrecer favores judiciales, conocedor De Urquía de que algunas personas afectadas por el procedimiento judicial --caso 'Hidalgo'-- eran conocidas por los otros acusados".
El entonces juez había decretado medidas cautelares sobre bienes y el bloqueo de algunos productos financieros a empresas entre las que estaba Asesoramiento y Dirección de Hoteles, cuyo propietario preparaba una operación de venta sobre el hotel Puente Romano. "Con la finalidad de llevar a cabo el plan urdido", De Urquía dictó un auto acordando la administración judicial de algunas empresas del mismo titular.
Además, "por decisión personal", estableció una comisión del uno por ciento del valor de cualquier acto de transmisión o enajenación de los activos de las empresas intervenidas "pese a no haber sido embargadas", situación que "podía representar un perjuicio notable para los intereses económicos" del propietario de dichas empresas, apunta el Ministerio Público.
"De hecho, la verdadera finalidad perseguida con esa resolución era la de conseguir del dueño una contraprestación económica a cambio del levantamiento o liberación de las medidas y cargas judiciales", según concluye el fiscal, quien precisa que los otros dos acusados antes mencionados intervinieron "haciéndole diversas propuestas". Para ello, ambos mantuvieron entrevistas bien con el hijo del propietario bien con personas que conocía.
