La consejera Catalina García y el exviceconsejero de Hacienda declaran este martes en la causa de los contratos del SAS

SEVILLA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La sección de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza número 13 de Sevilla acoge este martes la comparecencia de la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, y del exviceconsejero de Hacienda Roberto Ochoa en el marco de las diligencias previas 2476/2024 que se siguen en este órgano judicial sobre la contratación de emergencia en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia y pospandemia de coronavirus por valor de 242 millones de euros y que se evalúa como un supuesto caso de prevaricación administrativa.

En la providencia que rubricó el 26 de noviembre el titular del juzgado, José Antonio Gómez, se señala que el exviceconsejero declarará a las 12,15, mientras que la consejera se prevé que lo haga treinta minutos después, a las 12,45 horas.

La citación de Catalina García se produce en su condición de viceconsejera de Salud en el momento en que se gestó el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2020, cuando se acordó el cambio de la fiscalización previa de los contratos del SAS por el control financiero permanente.

Esta testifical de la hoy consejera de Sostenibilidad y del entonces número dos de Hacienda tiene su origen en una declaración precedente que protagonizó el 18 de noviembre de 2025 la hoy viceconsejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Amelia Martínez, quien en octubre de 2020 era la responsable de la Intervención General de la Junta.

Fuentes presenciales de su declaración como testigo señalaron que Martínez explicó que la inclusión de los contratos del SAS entre las materias que cambiaban su modalidad de fiscalización respondió a una conversación de García y su homólogo en Hacienda en la Comisión General de Viceconsejeros, conocido coloquialmente como el Consejillo, cuya competencia es preparar los contenidos que aborda el Consejo de Gobierno.

Roberto Ochoa fue viceconsejero entre el 8 de septiembre de 2020 y el 9 de agosto de 2022. Ahí acordaron ambos añadir los contratos del SAS, que no figuraban en el Anexo inicial y carecía por ello de un informe pertinente de la Intervención como aval a esa modificación.

Martínez sostuvo, según la versión de fuentes presenciales, que la elección del control financiero permanente se tomó en octubre de 2020 ante el volumen de contratación de emergencia que ocasionó afrontar la pandemia de coronavirus y de considerar "débil" las garantías que ofrecía la fiscalización previa de los contratos.

La hoy viceconsejera de Economía apuntó también que los propios funcionarios de la Intervención esgrimieron la carga de trabajo que implicaba la fiscalización previa de los contratos del SAS en la emergencia asociada a la pandemia de Covid.

Martínez rubricó como interventora general el 29 de septiembre de 2020 un informe anexo al expediente del Consejo de Gobierno donde hacía un repaso de la implantación de la fiscalización previa, que en el caso del SAS recordaba que en septiembre de 2003 se amplió el control financiero permanente a nuevos centros periféricos, así como abogaba por "un régimen mixto de fiscalización" para los gastos de personal sanitario y educativo.

En estas diligencias previas que se siguen en un Juzgado de Sevilla ostentan la condición de investigados la actual gerente del SAS, Valle García, así como sus antecesores en el cargo Miguel Ángel Guzmán y Diego Agustín Vargas, quienes comparecieron en el juzgado dentro de una testifical que se celebró el 25 de noviembre.

La declaración de los sucesivos responsables del SAS tuvo como hilo conductor el argumento de que su gestión se encaminó a afrontar las necesidades sanitarias del momento y la convicción de que su trabajo como gestores tenía el respaldo de informes jurídicos.

En estas diligencias previas PSOE de Andalucía y Podemos Andalucía ejercen la acusación popular de una causa que se inició tras una denuncia de una treintena de diputados del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía.

En paralelo a estas diligencias previas se siguen otras en un juzgado de Cádiz por el fraccionamiento de contratos en la Plataforma de Contratación provincial, iniciadas tras una denuncia de Podemos, mientras que esta semana pasada un juzgado de Córdoba ha procedido a abrir una nueva causa por los contratos de la Plataforma de Contratación del Hospital Reina Sofía entre los ejercicios 2020 y 2021 por el abuso de los contratos menores, periodo en que la dirección del centro la ostentaba la gerente del SAS, Valle García.