El Consejo de Gobierno trata este martes el nuevo curso escolar, los incendios excluidos de ayudas y el precio de la luz

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, antes de una reciente reunión del Consejo de Gobierno
Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, antes de una reciente reunión del Consejo de Gobierno - María José López - Europa Press - Archivo
Publicado: lunes, 30 agosto 2021 21:26

SEVILLA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo andaluz celebra este martes por la mañana una sesión del Consejo de Gobierno en el Palacio de San Telmo, sede la Presidencia de la Junta de Andalucía, con un orden del día en el que figuran aspectos como el Plan de Medidas Extraordinarias para el nuevo curso escolar 2021/2022, un informe sobre los entornos andaluces afectados por incendios forestales pero no incluidos en el decreto estatal de zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil y otro informe más sobre "posibles vías de actuación" ante el precio de la electricidad en España.

En concreto, y entre otros aspectos, en el orden del día figura un acuerdo destinado a asignar a la Unidad Aceleradora de Proyectos de Interés Estratégico en Andalucía la iniciativa bautizada como Atlanterra Golf, en el término municipal de Tarifa (Cádiz); así como la contratación, por la Consejería de Salud y Familias de la prestación de la Atención Infantil Temprana bajo el régimen de concierto social, por importe de más de 10,1 millones de euros.

Del mismo modo, figura un informe del consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, en relación con el Plan de Medidas Extraordinarias para el curso escolar 2021/2022; toda vez que el departamento de Imbroda prevé que en el nuevo curso la enseñanza sea plenamente presencial excepto en los casos en los que los municipios alcancen altas tasas de contagio por Covid-19.

Para ello, la Consejería de Educación contempla la contratación adicional de 5.300 docentes para el sistema educativo sostenido con fondos autonómicos, es decir los centros públicos y los concertados, lo que implicará la movilización de 250 millones de euros.

LOS INCENDIOS Y EL DECRETO ESTATAL

El orden del día también incluye un informe de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, sobre los entornos asolados por los últimos incendios forestales en Andalucía y el decreto acordado del Consejo de Ministros respecto a las zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil (Zaepc), una declaración que abre las puertas a subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica.

Mientras el citado acuerdo del Consejo de Ministros no abarca a Alcaracejos (Córdoba) pese al reciente incendio que calcinó unas 600 hectáreas por el criterio de que fuese declarado el nivel uno de emergencia, pero es susceptible de ampliación a "zonas que hayan podido quedar excluidas" según precisa el Gobierno central, Carmen Crespo ya ha anunciado que la Junta solicitará que el mencionado decreto incluya a Alcaracejos y La Línea de la Concepción (Cádiz) a cuenta de los incendios acontecidos en tales municipios, a través de los correspondientes informes técnicos. Según la consejera, la declaración del nivel uno de emergencia ante un incendio, criterio marcado para la inclusión en el decreto, "es una cuestión técnica que nada tiene que ver con el daño medioambiental".

LOS INCREMENTOS DEL PRECIO DE LA ENERGÍA

En paralelo, en el orden del día figura un informe del consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidad, Rogelio Velasco, sobre el precio de la electricidad en España, profundizando en sus "determinantes, comparativa con los países de la UE y posibles vías de actuación", toda vez que este lunes, el precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista
se disparaba a un nuevo récord histórico, alcanzando los 124,45 euros por megavatio (MWh).

Esa espiral alcista ha llevado a focalizar el debate político en cómo abaratar el precio de la electricidad y el Ejecutivo central ha comprometido cambios en la tarifa regulada PVPC para tratar de estabilizar la factura de la luz, descartando una intervención pública para fijar precios máximos o mínimos en el mercado mayorista.