CÓRDOBA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -
El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Blanco (PSOE), afirmó hoy que los acuerdos que puedan adoptarse en el consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) para legalizar las naves de Colecor son "provisionales", teniendo en cuenta que está pendiente una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al respecto.
En declaraciones a los periodistas, Blanco señaló que el Ayuntamiento "puede acordar todo lo que queramos", pero si el TSJA decide finalmente que el Plan Especial de la Carretera de Palma del Río, en el que se incluyen las naves de Colecor, es ilegal "todos los acuerdos a los que se lleguen estarán viciados por el acuerdo de origen del tribunal".
De este modo, manifestó que "el que diga lo contrario se equivoca" añadiendo que "otra cosa es que busquemos fórmulas transitorias que permitan que, cuando se produzca ese fallo, se pueda encontrar alguna salida". No obstante, apostó por fórmulas transitorias que se vayan adoptando se hagan siempre desde la legalidad.
Por su parte, el consejo de la GMU tomó hoy conocimiento de la subsanación de deficiencias del proyecto de actuación requerido para la autorización de la venta al mayor en las naves de Colecor, lo que implicará su derribo en parte.
Según explicó el pasado viernes el presidente de la GMU y teniente de alcalde de Urbanismo del Consistorio cordobés, Andrés Ocaña, con dicha toma de conocimiento de la subsanación de deficiencias, por exceso de construcción, de las naves se abre el proceso definitivo para la regularización de estas instalaciones, cuya legalización hace posible el Plan Especial de la Carretera de Palma del Río, pero que en su momento construyó sin licencia y en suelo entonces no urbanizable y de especial protección el empresario cordobés Rafael Gómez, imputado en el caso Malaya.
El nuevo proyecto, presentado por Gómez y que conoció hoy la GMU, prevé una reducción del tamaño de las naves, ajustándose así a las medidas que permite el citado Plan Especial, y previendo también una arboleda que rodee las naves, para reducir su impacto visual.
A este respecto, Ocaña detalló que, "para legalizar lo que ya está hecho, lógicamente debe cumplir la normativa, que permite la construcción, pero no más allá de determinado límite, lo que significa que lo construido fuera del espacio permitido debe derribarse, algo que él mismo (Gómez) reconoce, a instancias de los técnicos municipales".
Ocaña añadió que aún no puede precisarse con exactitud qué parte de las naves se deberá derribar, aunque calculó que Gómez deberá eliminar unos 2.000 metros cuadrados de una instalación, dedicada a la venta de artículos de importación, que tiene unos 53.000 metros cuadrados.
