CÓRDOBA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
La delegada de Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba, Mercedes Mudarra, y el primer teniente de alcalde y delegado de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Blanco (PSOE), apelaron hoy al diálogo entre ambas administraciones y también con los parcelistas ilegales de Medina Azahara, tras las últimas sentencias que afectan a éstos.
En rueda de prensa, Mudarra subrayó, en primer lugar, que las dos últimas sentencias, una condenatoria, que incluye el derribo de lo construido, y otra absolutoria, aún refiriéndose ambas a parcelistas que levantaron casas ilegalmente en el entorno protegido de Medina Azahara, "no tienen que ver una con otra y se refieren a dos casos muy diferentes, por lo que conviene aclararlo para que no se cree confusión entre los ciudadanos".
Así, según aclaró Mudarra, el fallo judicial que condena a una pena de prisión inferior a dos años y al derribo de la casa construida, en la parcelación de 'Las Pitas', "se refiere a una construcción nueva levantada en 2006", es decir, después de que se ampliase la zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en torno al citado conjunto arqueológico califal, mientras que la otra sentencia, conocida este fin de semana y que absuelve a un parcelista, también de la urbanización de 'Las Pitas', "se refiere a una pequeña intervención (ampliación) llevada a cabo en una casa ya existente" y anterior a la declaración del BIC.
A ello se refirió, por su parte, Blanco, quien consideró "normal" que la acción judicial tenga en cuenta dicha diferenciación, entre lo construido en torno a la antigua ciudadela del siglo X con anterioridad o con posterioridad a la ampliación de la zona BIC, y que se proceda de modo especial contra las construcciones ilegales posteriores al BIC.
De hecho, Blanco aclaró que la respuesta a la situación creada por las parcelaciones ilegales de Medina Azahara "pasa por el cumplimiento de la Ley y también, con esa base, por el diálogo" entre la Junta, el Ayuntamiento y los parcelistas, pues "hay que buscar una solución para la situación preexistente", es decir, para lo construido antes del BIC, dejando claro que no pueden consentirse nuevas construcciones, pues, en ese caso, "la situación sería inviable".
