CÓRDOBA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Justicia y Administración Pública ha acordado colaborar con la Federación de Asociaciones de Minusválidos Físicos de Córdoba (Fepamic) para la realización de actividades en beneficio de la comunidad por parte de menores infractores que cumplen algún tipo de medida judicial alternativa a la privativa de libertad.
El convenio, según informó hoy la Junta de Andalucía en un comunicado, que ha sido suscrito por la delegada de Justicia de la Junta en Córdoba, Mercedes Mayo, y el representante legal de Fepamic, Antonio Hermoso, recoge que las medidas judiciales en cuya ejecución colaborará dicha federación son la prestación en beneficio de la comunidad, las tareas socioeducativas y las reparaciones a favor de la sociedad derivadas del proceso extrajudicial de conciliación.
Con este tipo de acuerdos se contribuye, según la Junta, "a la labor educativa del joven, que se produce además en el propio entorno territorial y social, donde comparte valores, gustos y tendencias, y donde habitan él y su familia".
La prestación de servicio en beneficio de la comunidad es una de las 14 medidas judiciales, de las denominadas de medio abierto, que se pueden imponer a los menores infractores. Tiene carácter voluntario y se traduce en acciones siempre relacionadas con el interés social o el beneficio de personas en situación de precariedad. Estas actividades no son retribuidas y, además, bajo ninguna condición podrán atentar a la dignidad del menor, comportando además un contenido educativo orientado a su desarrollo integral.
La tarea socioeducativa incluye la realización de alguna actividad de contenido didáctico, orientada igualmente al desarrollo del menor, buscando satisfacer necesidades concretas del repertorio de competencia social. Por su parte, las reparaciones a favor de la sociedad derivan del proceso extrajudicial de conciliación y reparación, y se traducen, por lo general, en actividades análogas o similares a las prestaciones en beneficio de la comunidad.
En definitiva, el conjunto de medidas de carácter socioeducativo contempladas en la Ley tienen por finalidad que el menor comprenda, durante la realización de esta medida, que la comunidad o determinadas personas han sufrido de forma injustificada unas consecuencias negativas derivadas de su conducta. Se pretende que el joven asuma que actuó de modo incorrecto, que merece el reproche formal de la sociedad y que la prestación de los trabajos que se le exigen es un acto de reparación justo.
La concreción de la medida y el contenido del programa para su ejecución se ha de llevar a cabo por el técnico competente del Equipo de Medio Abierto al servicio de la Junta de Andalucía, si bien la Consejería de Justicia y Administración Pública apuesta por contar con la colaboración indispensable de ayuntamientos y diputaciones, así como entidades privadas, como Fepamic, para que se preste la asistencia necesaria para llevar a efecto las medidas psicosociales-educativas impuestas a los menores, vecinos y residentes de sus términos municipales.