CSIF detecta "deficiencias" en la implantación de la Ley Bolaños en doce partidos judiciales más grandes de Andalucía

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía ha detectado "múltiples deficiencias" en la implantación de la tercera fase de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, conocida como Ley Bolaños, por generar, entre otras cosas, una "incertidumbre total en el acoplamiento del personal". Esta tercera fase, que entró en funcionamiento el pasado 31 de diciembre, afecta a los doce partidos judiciales más grandes de Andalucía --las ocho capitales, Algeciras, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Motril--, en los que trabajan cerca de 5.000 funcionarios.

En una valoración remitida a Europa Press, el sindicato relata que "muchos funcionarios desconocen su destino definitivo ya que la Consejería de Justicia continúa corrigiendo errores de los listados provisionales iniciales". "Esta situación --continúa-- ha provocado que numerosos órganos judiciales sigan funcionando con la estructura anterior y, además, se ha cesado de forma indebida a personal interino, dejando puestos de trabajo vacantes sin justificación".

Según CSIF, la Consejería de Justicia "no tenía preparadas las tareas necesarias para afrontar la tercera y última fase del proceso de transformación judicial". CSIF ha recordado que la Administración andaluza "no solicitó una prórroga de seis meses para la implantación de la oficina judicial correspondiente a la fase III", tal y como propuso la organización sindical. "Esta negativa por parte de la Administración ha hecho que se repitan los errores de desorganización que ya se produjeron en las fases I y II, que ya está dando lugar a modificación de las relaciones de puestos de trabajo (RPT) aprobadas, como es el caso de Fuengirola por su mal distribución del personal en los diferentes servicios comunes".

En este contexto, CSIF se queja del "caos organizativo" entre el personal funcionario y del "grave perjuicio" para la ciudadanía, que "sufrirá las deficiencias del servicio público de la Justicia durante este periodo transitorio". CSIF también ha subrayado la "falta" de adecuación de espacios e infraestructuras, puesto que no se han previsto las necesarias adaptaciones de dependencias, salas de vistas ni de servicios esenciales como guardia, nenores y violencia sobre la mujer.

La central sindical sostiene que los propios jueces y letrados de la Administración de Justicia "se han visto obligados a improvisar calendarios progresivos de traslados y adaptaciones durante los meses de enero, febrero y marzo". De igual manera, CSIF ha apuntado a la "desorganización interna y la ausencia de protocolos claros". "El acoplamiento se ha realizado sin la publicación previa de los manuales de puestos, y algunos de los existentes incluyen funciones y personal sin garantía de adscripción definitiva ya que aún no se cuenta con los listados definitivos", continúa.

A diferencia de las fases I y II, donde asegura que sí hubo incremento neto de efectivos, en la tercera se ha implantado "a coste cero, sin refuerzos de personal ni dotación adecuada de medios materiales". El sector de Justicia de CSIF Andalucía, además, ha criticado la "imposición unilateral" de las RPT. CSIF ha alertado de que "la supuesta eficiencia del nuevo modelo puede traducirse en peores condiciones laborales y un servicio más lento y de menor calidad para la ciudadanía".