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SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, ha manifestado este lunes que se opone "frontalmente" a que en el presupuesto de la comunidad para 2027 se "pretenda añadir al artículo 67 de la Ley de Función Pública la posibilidad de establecer límites a los conceptos retributivos de las pagas extras no sólo en la normativa estatal básica sino también en la propia Ley de Presupuestos de Andalucía".
"Desvincula la limitación autonómica de la presencia de un límite estatal previo y habilita al legislador presupuestario para imponer por si solo restricciones sobre las retribuciones complementarias que integran esas pagas", ha argumentado Girela en su intervención dentro de las comparecencias de agentes sociales en comisión parlamentaria recogida por Europa Press.
En relación con las retribuciones, CSIF-A ha lamentado que las cuentas no incluyen partidas para "saldar una deuda que la Junta de Andalucía mantiene con sus empleados públicos desde hace más de una década: los recortes a la parte autonómica de las pagas extras de 2013 y 2014. "Desde este sindicato seguimos reclamando su restitución. Es una cuestión de justicia, y así lo hemos exigido durante años con movilizaciones, al igual que lo hemos trasladado de manera reiterada al Ejecutivo andaluz y a los diferentes grupos políticos".
"Resulta difícil justificar que estos recortes sigan vigentes tantos años después mientras que las restricciones que dicha ley establecía para las retribuciones de los altos cargos sí fueron eliminadas. Hubo oportunidad para subir el sueldo al Gobierno andaluz y al resto del personal directivo pero no para devolvernos la paga extra", se ha quejado Germán Girela.
En materia de sanidad, el presidente de CSIF-A ha exigido el "cumplimiento" de los acuerdos sobre carrera profesional. En este punto, ha asegurado que el presupuesto recoge 41,5 millones de euros, "muy lejos de los aproximadamente 268 millones que serían necesarios, según los datos trasladados en las mesas de negociación, para atender los compromisos contraídos". "Los acuerdos deben contar con financiación suficiente. No basta confirmarlos si después no se consignan los recursos para cumplirlos", ha subrayado.
Detecta igualmente en el caso del Pacto de Mejora de la Atención Primaria "diferencias" entre las plazas acordadas y las que cuentan con dotación presupuestaria: de las 69 plazas previstas para psicólogos, sólo 43 aparecen dotadas, mientras que de las 21 plazas de psiquiatría acordadas, únicamente trece cuentan con financiación. "Sigue pendiente, igualmente, el incentivo de 150 euros para los puestos de difícil cobertura de médicos y enfermeros de Atención Primaria, necesario para atraer y mantener profesionales en los destinos con mayores dificultades".
Por otra parte, la central sindical ha reconocido que le "preocupa" que "se mantengan 493 millones destinados a conciertos sanitarios, la misma cantidad que en 2026". "Estos recursos deberían servir prioritariamente para reforzar la sanidad pública, sus plantillas y su capacidad de gestión directa, en lugar de mantener la apuesta presupuestaria por la colaboración público-privada".
Sobre educación, la "principal exigencia" de CSIF ha sido el cumplimiento "íntegro" del acuerdo del 16 de julio de 2025, suscrito por CSIF en mesa sectorial; un acuerdo que supuso "un avance importante para mejorar el sistema educativo con compromiso, como incorporar 6.528 cupos docentes en cuatro cursos, reducir progresivamente la ratio hasta 22 alumnos por aula en el segundo ciclo de infantil y, posteriormente, extenderlo a Primaria".
Sobre personal, CSIF ha calculado que Andalucía necesita "aproximadamente" 10.300 docentes adicionales para "igualarse a la media estatal de profesores por alumno" y para toda la plantilla ha reclamado mejoras retributivas. Para el alumnado de necesidades específicas, que en menos de una década ha aumentado un 55,05% frente a un 20,26% que ha crecido la plantilla que lo atiende, ha demandado "más profesionales especializados para evitar que tengan que compartir centros y garantizar una atención adecuada al alumnado".
En el caso de la Formación Profesional (FP) pública, ha llamado la atención sobre el hecho de que, en los últimos quince años, el alumnado de la FP privada no concertada ha aumentado un 1.243% frente al 51,2% de la pública. "No quiero dejar fuera a las universidades públicas andaluzas, que necesitan financiación suficiente, estable y previsible para atender sus necesidades y garantizar su función social", ha señalado Germán Girela.
En la Administración de Justicia "persiste un déficit estructural de personal que dificulta el funcionamiento de los órganos judiciales, que se ha evidenciado aún más con la implantación de los tribunales de instancia, marcada por la falta de homogeneización de instrucciones y protocolos". "Nos preocupa especialmente --ha remarcado Girela-- la situación de los juzgados de violencia sobre la mujer, que desde octubre de 2025 asumen también la instrucción de todos los delitos contra la libertad sexual y de trata sin el personal adicional necesario".
Por último, CISF se ha detenido en analizar los presupuestos apra la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, que tendrá un presupuesto de 3.308,27 millones de euros, lo que supone un incremento de más del 26% respecto al ejercicio anterior. "Sin embargo, esto no se traduce en el necesario aumento de personal para sostener un servicio. Para ser exactos, si comparamos las cuentas de 2026 y 2027, hay catorce profesionales menos. Además, el tiempo de espera sigue siendo inasumible".