Publicado 22/06/2020 17:08:38 +02:00CET

CSIF plantea un plan de refuerzo de los servicios públicos de Andalucía como salida a la crisis económica y social

El presidente de CSIF-A, Germán Girela, comparece en la Subcomisión de Políticas Sociales para la recuperación de Andalucía por el Covid
El presidente de CSIF-A, Germán Girela, comparece en la Subcomisión de Políticas Sociales para la recuperación de Andalucía por el Covid - CSIF

SEVILLA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF ha trasladado este lunes a la Subcomisión de Políticas Sociales y demás servicios esenciales del Parlamento de Andalucía sus planteamientos para la salida de la crisis del coronavirus, entre los que destaca un plan de refuerzo de los servicios públicos como motores de la reactivación económica y la cohesión social en la región.

Así lo ha defendido el presidente de CSIF en Andalucía, Germán Girela, durante su intervención ante dicha subcomisión, que forma parte de la Comisión de estudio sobre la recuperación económica y social de Andalucía a causa de la pandemia del Covid-19 constituida en la Cámara. "La administración pública debe ser un pilar fundamental sobre el que pivote el avance de nuestra comunidad", ha manifestado, antes de abogar por que las administraciones públicas sean "el máximo exponente a la hora de impulsar la economía, generar empleo en nuestra comunidad y reforzar los cimientos de la sociedad", según recoge en una nota de prensa el sindicato.

"En situaciones de crisis como la que vivimos, las administraciones públicas, señorías, deben hacer valer su posición como motor del país, en la prestación de servicios esenciales y en la vertebración de nuestra ciudadanía", ha manifestado, antes de añadir que son necesarias reformas "que aseguren la prestación de servicios públicos de calidad a la vez que unas condiciones dignas para los trabajadores que los prestan". En este sentido, ha señalado que en Andalucía hay 471.718 empleados al servicio de las distintas administraciones públicas.

A su juicio, para ese refuerzo de la administración pública "son necesarias acciones en materia presupuestaria, de recursos humanos, condiciones laborales, formación, dotación de medios telemáticos y digitales, prevención de riesgos laborales, reformas legislativas o inversión en infraestructuras".

El responsable sindical se ha referido a la labor del personal del sistema sanitario público en esta pandemia y ha considerado "de justicia" que reciban el reconocimiento que merecen, no sólo social y ciudadano, sino también en forma de compensación económica, por lo que ha valorado la iniciativa aprobada la semana pasada en la Cámara con este fin.

Ha defendido un fortalecimiento del sistema público de residencias de personas mayores, así como aumentar los controles a los centros residenciales que no son de titularidad pública. "La alerta sanitaria ha puesto de manifiesto la necesidad de un sistema sociosanitario público dotado de recursos humanos, materiales e infraestructuras dignas y suficientes", ha expuesto Girela, que ha criticado a su vez "los continuos recortes en dicho sistema desde hace años, que han dejado al descubierto más que nunca déficits endémicos y enormes lagunas".

BUROCRACIA DOCENTE EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Girela ha alabado también la labor de los docentes durante el estado de alarma y ha llamado la atención sobre que "ni siquiera como consecuencia de una pandemia se han minorado las exigencias burocráticas por parte de la Administración educativa".

En materia educativa, ha defendido --a corto plazo y de cara a afrontar el próximo curso con garantías-- un plan de actuación con memoria económica que permita el incremento de las plantillas docentes para poder bajar la ratio de alumnado por aula, así como una dotación de recursos tecnológicos y digitales que se han demostrado imprecindibles. Con carácter general, el sindicato demanda un incremento de los presupuestos educativos hasta un 7% del PIB, así como un Pacto de Estado para "acabar con los vaivenes de modelos educativos implantados por los distintos gobiernos".

En materia de Justicia, el presidente de CSIF-A ha indicado que esta pandemia ha puesto de relieve "la necesidad imperiosa" que tiene esta administración de modernizarse y ha defendido cooperación entre los distintos estamentos judiciales y gubernamentales para abordar dicha tarea, así como la implantación de la cita previa y el expediente judicial electrónico.

Respecto al atasco judicial que esta crisis "ha venido a agudizar", Girela ha propuesto la implementación de planes de actuación extraordinarios, con prolongaciones de jornadas negociadas y retribuidas, así como coberturas inmediatas de las bajas por incapacidad temporal y refuerzos para órganos que tratan causas de especial dificultad.

Para la Administración local, el máximo responsable de CSIF en Andalucía ha defendido más estabilidad en el empleo y "terminar con la precariedad laboral y el uso de contratos temporales para cubrir plazas estructurales".

Por otra parte, Girela ha defendido que "el laboratorio de teletrabajo a marchas forzadas" que ha supuesto el confinamiento "siente las bases para regular normativamente esta modalidad de flexibilidad laboral, que ha llegado para quedarse y a la que es necesario dotar de los medios y recursos necesarios para su desempeño".

DELEGADO O DELEGADA SINDICAL DE IGUALDAD

Asimismo, en materia de Igualdad, Girela ha propuesto la creación, tanto en las administraciones como en la empresa privada, de la figura del delegado sindical especializada en Igualdad y Violencia de Género, junto al desarrollo efectivo de protocolos de movilidad laboral para las víctimas.

"De este modo se reforzaría la prevención y detección de estos casos y se cerrarían espacios de impunidad que existen", ha subrayado el representante sindical, que ha exigido igualmente la reactivación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y redoblar los esfuerzos para combatir esta lacra social.

FUNCIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

Desde el punto de vista legislativo, se ha referido a dos leyes de gran importancia para la central sindical, como son la futura Ley de Función Pública, que debe contribuir "al mejor desempeño del servicio público y a la modernización de la Administración", y la Ley de Participación Ciudadana, con la que espera que "se adapte el diálogo social a la realidad actual, diversa y heterogénea" y se dé entrada a CSIF Andalucía, que representa a más de 65.000 trabajadores, como agente social.

Desde el punto de vista del sistema productivo andaluz, a juicio de Girela "el verdadero reto para Andalucía sigue siendo el sector tecnológico". "La cuarta revolución industrial discurre ya a gran escala y alta velocidad y nuestra comunidad debería impulsar de manera decidida la implantación de esta industria que, según todos los expertos, será la primera en recuperarse", ha manifestado.

En este sentido, según Girela, "las nanotecnologías, neurotecnologías, los robots y drones, la inteligencia artificial, biotecnología, los sistemas de almacenamiento de energía y un largo etcétera transformarán fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos". Por ello, CSIF Andalucía considera que hay que apostar por la formación en este ámbito "para un adecuado impulso a la implantación de esta industria en nuestra tierra y sus correspondientes inversiones de capital".

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