Defensa de Guerrero dice que la causa de Umax no se inició para "esclarecer hechos" sino "para lograr su culpabilidad"

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La defensa del exdirector de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, uno de los encausados en el caso que juzga a otros cuatros exaltos cargos de la Junta, y al dueño de Umax Informática y Consultoría por los pagos realizados entre 2003 y 2010 por la Consejería de Empleo a esta empresa por la contratación de 44 trabajadores que "pertenecían al círculo íntimo" del propio Guerrero, ha señalado que este procedimiento judicial no se ha iniciado "para esclarecer los hechos investigados" sino "para lograr su culpabilidad".

El letrado que ejerce la defensa de Guerrero, Rafael Ramírez, ha indicado, durante la celebración la undécima y última sesión de esta causa que juzga la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla --que este miércoles ha decretado la causa vista para sentencia--, que la Junta de Andalucía, como acusación particular, busca en este proceso "no pagar la deuda" de 1,5 millones de euros que reclama el administrador único de Umax, Ulpiano Cuadrado, lo que supondría "un enriquecimiento injusto" de la Administración andaluza.

En ese sentido, la defensa, que ha pedido la absolución, ha apuntado que tiene constancia de otras empresas contratadas por la Junta para externalizar servicios como se ha hecho con Umax y que en estos casos "no se han iniciado procedimientos legales" y que, en este caso, la causa se ha hecho "por la publicidad que tiene Francisco Javier Guerrero tras ser señalado en el proceso específico de los ERE".

Asimismo, ha recalcado la indefensión que ha tenido Guerrero y los otros acusados ya que en el escrito de la acusación "no se han clarificado debidamente los tipos delictivos ni qué contratos o documentos han sido falsificados ni cuanta cantidad de fondos públicos se había malversado y quién ha sido el receptor de esa cuantía".

La defensa, ante la afirmación del Ministerio Público, de que los acusados "se pusieron de acuerdo con el fin de facilitar la contratación" de Umax, "a sabiendas de que dicha entidad no cumplía con los requisitos que la legislación administrativa requería para la realización de dicha contratación, creando a partir del año 2003 una estructura administrativa de personal al margen de las previsiones contenidas en la relación de puestos de trabajo vigente en la Dirección General de Trabajo y en las delegaciones provinciales", estima que ese concierto debe estar sustentado por una diligencia probatoria que será "difícil" que se instrumente porque "varios acusados no se conocían entre ellos".

Igualmente, ante la declaración de la abogada de la Junta, Victoria Gálvez, de que el acuerdo verbal que suscribieron Guerrero y Cuadrado "carece de cobertura legal, porque su objeto es imposible e ilegal", el letrado de la defensa hace referencia a la testifical del interventor general que indicó que "la contratación verbal para contratos menores es posible y no incurre en irregularidades ni ilegalidades".

Ante el apunte de la Fiscalía en su informe final de que varios de los 44 trabajadores contratados por Umax pertenecían al "entorno" de Francisco Javier Guerrero al proceder de la localidad sevillana de El Pedroso --municipio en el que Guerrero fue alcalde--, la defensa ha manifestado que de ser así esto implicaría un delito por tráfico de influencias algo "de que no se le acusa".

Cabe recordar que Fiscalía entiende que se ha producido delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación documental. Por ello, pide una condena de diez años de prisión, una inhabilitación para cargo público de 32 años y una multa de 13.500 euros para los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, a los exsecretarios generales técnicos de la Consejería Francisco Javier Aguado y Lourdes Medina. De igual modo, reclama una pena de ocho años y medio de prisión y el pago de una multa de 7.500 euros a Ulpiano Cuadrado.

Así, con respecto a los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, la defensa señala que la acusación indica que la prevaricación se ha hecho acorde al artículo 404 del Código penal que estipula que para que haya delito debe haber una resolución administrativa arbitraria algo que Guerrero "no ha desarrollado ni de manera activa ni omisiva".

Además, ha apuntado que la malversación no ha existido ya la Junta "no ha sufrido una pérdida de patrimonio, sino todo lo contrario" toda vez que "Ulpiano Cuadrado ha quedado arruinado ante el no abono de la Junta de las facturas del periodo posterior a 2006".

"PUSO FIN A LA SITUACIÓN IRREGULAR"

De otra parte, la defensa de Daniel Rivera ha pedido la absolución al asegurar que éste "actúo con escrupulosa profesionalidad" al "poner fin" a la situación contractual con Umax, al conocer ésta tras la reclamación de 1,5 millones de euros por Ulpiano Cuadrado, y despedir a esos trabajadores.

"Mi cliente fue como Julio César, vino, vio y solucionó", ha reconocido la defensa, al tiempo que ha recalcado que Daniel Rivera hizo "todo lo posible" por la pervivencia de la Delegación General de Trabajo y por ello tras el despido de los trabajadores de Umax y ante la necesidad de trabajadores ante "ese desmantelamiento" inició, "como han apuntado algunos testigos en la fase testifical, una oferta pública a través de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), de las que fueron seleccionados algunos de los extrabajadores de Umax".

"SON 43 Y NO 44 TRABAJADORES"

Por otro lado, la defensa de Ulpiano Cuadrado ha facilitado un documento al tribunal en el que se indica que "son 43 y no los 44 trabajadores de Umax" que han prestado servicios en la Delegación General de Trabajo.

En este sentido, ha indicado que el momento en el que mayor número de trabajadores de Umax prestaron servicio en esa administración pública fue de 30 en marzo y abril de 2007 "lo que no sostiene que la Fiscalía hable de administración paralela ya que 30 trabajadores no conforman esa administración paralela cuando la Junta tiene 30.000 trabajadores".

Igualmente, la representación legal de Ulpiano Cuadrado ha manifestado que éste llegó un acuerdo con Guerrero para que si la Delegación de Trabajo tuviera necesidad de externalizar servicios éstos podrían ejecutarse con Umax lo que "supone un acuerdo marco y no un contrato verbal ya que no se habla de trabajadores ni de cantidades".

Con respecto a la falsedad documental, la defensa del empresario ha señalado que, si la acusación se construye en base a la documentación que aportó a la Sala la exasesora de la Dirección General de Trabajo, María José Rofa, en la que se incluían dos facturas de fecha de 2007 impagadas a Umax por importe de 1,1 millones de euros y 281.563 euros firmadas por Guerrero, se debería permitir testificar tanto a Ulpiano Cuadrado como al propio Guerrero sobre esa documentación.

LOS EXSECRETARIOS GENERALES

Con respecto a los exsecretarios generales técnicos de la Consejería Francisco Javier Aguado y Lourdes Medina, a quien la Junta, junto a Daniel Rivera, no considera responsable penal --sólo pide una condena de once años de prisión para Javier Guerrero, de siete años para Juan Márquez y de diez años para Ulpiano Cuadrado-- sus representantes legales han pedido para ellos la absolución en sus informes finales.

El abogado de Aguado, Adolfo Cuéllar, ha subrayado que la acusación que pesa sobre su defendido "no se sostiene" toda vez que cree que no existe "móvil" del delito ya que "no se ha visto beneficiado" de la situación contractual de Umax con la Administración andaluza.

Este argumento ha sido suscrito por Manuel Salinero, letrado que representa a Medina, quien, además, ha subrayado que Medina "no tuvo ninguna potestad para realizar contrataciones" y fue una de las que "finalizó" la situación que juzga la causa "al impedir la tramitación de los pagos a Umax".