El Defensor andaluz afea que la licitación del nuevo contrato para las tarjetas monedero sea aún una "incógnita"

SEVILLA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz ha afeado a la Junta de Andalucía que la licitación del nuevo contrato para las tarjetas monedero para la provisión de alimentos y asistencia material básica a familias vulnerables "siga siendo" a estas fechas "una incógnita". La Consejería de Inclusión Social anunció la citada licitación, por 46 millones de euros, en mayo de este año.

En una resolución de finales de julio consultada por Europa Press, la Defensoría sostiene que la Junta "debió extremar la previsión para que la transición administrativa no se tradujera en una pérdida efectiva de cobertura para las familias destinatarias durante tantos meses". El Gobierno de España trasladó a las comunidades autónomas la responsabilidad de gestionar los procedimientos de contratación a partir de 2025.

"No se trata de una mera incidencia organizativa sino una disfunción con impacto directo sobre personas y familias vulnerables", recalca la resolución. El plazo de ejecución del contrato es de 24 meses y está prevista una prórroga de otros 24, lo que ampliaría el presupuesto hasta los 92 millones de euros previstos en el programa, cuya duración se extiende hasta 2029. Con esta licitación, "la Junta apuesta por un programa que cuente con la mayor capilaridad geográfica", señalaba la Junta en mayo.

Este contrato, según detalla el Defensor, fue adjudicado el pasado 14 de abril de 2026. Esta licitación fue por vía de urgencia ya que "las tarjetas tenían que estar funcionando a principios de 2026". El grado "real" de ejecución es, sin embargo, "una incógnita". Ante esta situación, la Oficina ha instado a la Junta a que "a la mayor brevedad posible se implemente" el sistema y se articule un sistema de información a los usuarios.

Igualmente, reclama "medidas para que haya previamente un plan de continuidad que evite interrupciones materiales en la atención" así como una "gobernanza multinivel para que programas como éste no se difuminen en laberintos burocráticos".

Este contrato se enmarca dentro del Programa de Asistencia Material Básica (Programa Básico), cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y fue concebido inicialmente como un modelo homogéneo para toda España, en el que la Administración General del Estado era la encargada de licitar tarjetas o vales mediante un acuerdo marco para la selección de proveedores.

Ante la imposibilidad de llevar a cabo este programa y, por ello, solicitar a la Comisión Europea que en 2024 se ejecutara mediante una subvención directa a Cruz Roja Española, el Gobierno de España trasladó finalmente a las comunidades autónomas la responsabilidad de gestionar los procedimientos de contratación a partir de 2025.