El Defensor cierra queja por nombres de colegios contrarios a la memoria democrática pero se da 3 meses para seguimiento

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz ha publicado una resolución en la que informa del cierre de la queja de oficio que abrió en diciembre de 2022 y desplegó en 2023, dirigida a la extinta Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, tras "tener conocimiento de diferentes incumplimientos que se venían produciendo respecto a la retirada o eliminación de los elementos contrarios a la memoria democrática" en corporaciones municipales de más de 20.000 habitantes.

Entre esos posibles incumplimientos se encontraban centros educativos cuya denominación "pudiera ser contraria a la memoria histórica y democrática de Andalucía". Entre esos colegios, el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Miguel Sánchez López en Torredelcampo (Jaén); Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Augusto Santiago Bellido, en Vélez Málaga (Málaga); IES Tolosa, en La Línea de la Concepción (Cádiz) y los CEIP Coca de la Piñera y Alfonso de Orleans, en Utrera (Sevilla).

El pasado 18 de mayo de 2026, la Defensoría recibió un informe de la Comisionada para la Concordia en el que se dice, tres años y medio después, que "se está recabando la ampliación del contenido de su solicitud, añadiendo a la misma las razones fundadas por las que se considere que dichas denominaciones pudieran ser contrarias a la memoria democrática".

"Del mismo modo --recoge el Defensor de la Comisionada-- en el caso de que los centros educativos lleven nombre de persona, se está estudiando información sobre la biografía de dicha persona para conocer si la misma tuvo vinculación con el mundo educativo que pudiera haber motivado la denominación del centro educativo con su nombre".

Ante esta respuesta después de tres años y medio, la oficina del Defensor recrimina que "este trabajo previo por parte de la Comisionada para la Concordia podía ya haberse realizado a lo largo del año 2023 y estar ya concluido, y no dejar transcurrir estos tres años a que se constituyera el comité técnico".

El Defensor argumenta que "agotada la tramitación del presente expediente incoado en 2023, damos por concluidas las actuaciones sin perjuicio de que en el plazo de tres meses procedamos a realizar un seguimiento del cumplimiento de las medidas acordadas".

En la queja abierta en 2022, la Defensoría solicitaba "conocer la relación de centros educativos de cada provincia cuya denominación se puede considerar contraria a las leyes de memoria democrática; si en caso de duda sobre alguna denominación se han dirigido al comité técnico para resolver estos expedientes y en ese caso la relación de los mismos y la respuesta dada; y las actuaciones que se han realizado para abordar el cambio de denominación y el estado de tramitación de las mismas".