Ambas instituciones celebran un seminario para buscar que núcleos pequeños puedan contar con los servicios financieros habidos hasta ahora
SEVILLA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo Andaluz y la Federación Andaluza de Municipio y Provincias (FAMP) han analizado este martes, en un seminario, la exclusión financiera que afecta a muchos municipios pequeños rurales de Andalucía. En esta jornada de trabajo, que se ha celebrado en la Fundación Cajasol de Sevilla, se han aunado esfuerzos para buscar soluciones que permitan que estas poblaciones puedan contar con los servicios financieros que han tenido hasta ahora, ya sea con oficinas bancarias fijas o móviles y cajeros automáticos.
Según datos del Banco de España, referidos a diciembre de 2016 y recogidos en un informe por la FAMP, los bancos y Cajas de Ahorro han cerrado en Andalucía 282 oficinas y han reducido su red hasta 4.605 sucursales. El número de oficinas bancarias ha descendido en Andalucía un 5,7 por ciento, hasta registrar a cierre de 2016 las 4.605 oficinas, con lo que cierra el año por debajo de las 5.000 sucursales.
Para el Defensor andaluz, la población más afectada son las personas mayores, las personas que se encuentran en situación de precariedad económica, las que residen en pequeños núcleos rurales donde se ha producido el cierre de sucursales o las que tienen algún tipo de discapacidad para el acceso a estos servicios financieros.
Jesús Maeztu ha recordado que los servicios financieros se encuentran incluidos entre los servicios económicos considerados de interés general por la incidencia que tienen en la vida cotidiana de las personas y por ser una herramienta necesaria para el ejercicio de algunos derechos fundamentales. Es el caso del requisito de una cuenta corriente para percibir determinadas prestaciones públicas o cobrar una nómina, o la necesidad de disponer de una tarjeta de crédito para hacer uso de muchos servicios que ofrece internet, entre otros.
Es por ello que ha pedido a los agentes implicados un mayor esfuerzo en la búsqueda de soluciones y medidas para "evitar" que alguna persona o colectivo se pueda ver privado o limitado en el uso de estos servicios financieros básicos. Es el caso de la situación de exclusión en la que se encuentran las personas que residen en núcleos rurales afectados por el progresivo cierre de oficinas bancarias. O la situación de las personas mayores que carecen de habilidades para el uso telemático para acceder a los servicios financieros.
También las personas con discapacidad por la falta de accesibilidad de algunas sucursales y cajeros o la situación de personas con escasos recursos económicos que no pueden asumir el coste derivado por la prestación de estos servicios.
ESTA SITUACIÓN MOTIVÓ EL AÑO PASADO UN QUEJA DE OFICIO
Esta "preocupación, ha recordado que ya motivó el año pasado una queja de oficio por parte de la institución alertando de esta situación y proponiendo algunas soluciones tanto a las entidades financieras como también a los ayuntamientos y diputaciones. La celebración ahora de este Seminario refuerza esta iniciativa.
Por su parte, la FAMP ha acordado diseñar un mapa que muestre la situación real a escala del territorio andaluz a partir de la cual se planteen una serie de estrategias de actuación para hacer frente a las necesidades de los servicios bancarios en los pequeños municipios, que "en la medida de lo posible serán o no atendidas por las principales entidades bancarias".
Este mapa supone para el presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, una apuesta por el "territorio rural y por los municipios de menos de 2.000 habitantes"; así como con las "personas mayores" que son las que más demandan estos servicios y las más leales con su banco de toda la vida. La banca debe estar en las grandes ciudades, donde hay más negocio, pero también "intentar permanecer en esos municipios donde deben prestar un servicio público y mantener su excelencia empresarial", ha afirmado Villalobos.
Para el presidente de la FAMP "es imprescindible que todo núcleo de población, por pequeño que sea, cuente con al menos un cajero automático y con un servicio de atención personal, aunque sea un mínimo semanal para atender a los vecinos que así lo precisen. Para ello, desde los ayuntamientos se puede ofrecer la necesaria colaboración para la prestación de estos servicios bancarios".
La accesibilidad financiera y exclusión financiera no son conceptos equivalentes pero están relacionados. El hecho de que una persona no tenga acceso a una oficina bancaria en su lugar de residencia no implica que no pueda utilizar los servicios financieros teniendo en cuenta que hay canales alternativos a la oficina como la banca telefónica o la banca online.
Pero para ello, señala que es "fundamental" el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, como un teléfono, un smartphone o un ordenador, además de conexión a Internet (en el caso del acceso a la banca online).
En España, en los últimos años, se ha producido un aumento significativo tanto en la utilización de Internet como en el caso concreto de la banca 'on line'. Centrando la atención en el periodo analizado, de 2008 a 2015, el porcentaje de personas que utilizan Internet ha aumentado 41 por ciento, pasando del 55,9 al 78,7 por ciento. En el caso de la banca 'on line', de las personas que obviamente utilizan Internet, en 2015 la mitad utiliza ese canal de acceso a los servicios bancarios, frente al 33,9 por ciento que lo hacía en 2008.
"La banca 'on line' cada día tiene más clientes pero sigue siendo mayoritario el porcentaje de la población que no la usa (un 59,4%), por lo que la oficina bancaria física en un local sigue cumpliendo un papel fundamental en el acceso a los servicios financieros. Para evitar la exclusión financiera en aquellos municipios donde no haya ninguna oficina bancaria es importante que en estos pueblos haya acceso a Internet", señala la FAMP.
Al seminario han asistido una treintena de participantes, entre ellos, las entidades financieras BBVA, Bankia, Caixa, Cajamar, Caja Rural de Granada, Caja Rural de Jaén, Cajasur y Santander; responsables de la FAMP, de la Diputación y de la Dirección General de Consumo, en el ámbito de la Administración, y asociaciones de consumidores y sociales (Facua, Al Andalus, Adica, Cáritas, FOAM y Cermi).
