Defensor de la Infancia señala pobreza, salud mental y casos de violencia como asuntos destacados en su informe anual

El Defensor del Pueblo andaluz y Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, en comisión parlamentaria
El Defensor del Pueblo andaluz y Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, en comisión parlamentaria - ALFREDO DE ANCA
Publicado: martes, 19 octubre 2021 17:50

SEVILLA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha destacado este martes la pobreza infantil, la necesidad de garantizar el derecho a la educación ante fenómenos como la brecha digital, el agravamiento de casos de salud mental de los niños y jóvenes, y las distintas formas de violencia que se ejercen contra los mismos como los asuntos destacados del Informe Anual 2020 de la institución que dirige.

Fueron un total de 6.663 actuaciones las acometidas por este comisionado parlamentario durante el año de referencia, de las cuales 2.941 se refirieron a quejas (2.228 iniciadas ese mismo año, 33 de las mismas de oficio, y el resto tramitadas de años anteriores) y 3.722 consultas. Las reclamaciones más cuantiosas afectaron a cuestiones de educación, seguido de asuntos relativos a cuestiones de familia como conflictos por la guarda y custodia de los hijos, protección o centros de internamiento, servicios sociales y vivienda.

Durante su comparecencia ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía celebrada en el Parlamento andaluz, el Defensor de la Infancia se ha felicitado en primer lugar por la aprobación este pasado mes de julio de una Ley de infancia, "que actualiza y modifica la regulación que estaba vigente y pone a este colectivo en sintonía con las nuevas demandas y circunstancias sociales", al tiempo que ha modificado no solo la denominación del Defensor del Menor, sino que ha otorgado una ampliación de las competencias de la Defensoría de la Infancia, "ya que, por ejemplo, amplía el ámbito de supervisión no solo a las entidades públicas, sino que incorpora a las entidades privadas que presten servicios a la infancia y adolescencia en la comunidad autónoma".

El Defensor de la Infancia ha dedicado la cuestión relevante del informe a la lucha contra la pobreza infantil como uno de los principales retos de nuestra sociedad. Maeztu ha considerado necesaria una reordenación de los sistemas públicos de ayudas y protección social a las familias y ha demandado la elaboración de un Plan integral de lucha contra la pobreza infantil en Andalucía --con acciones, financiación específica y un conocimiento previo de su coste-- a causa del agravamiento de la pobreza y la desigualdad debido a la pandemia, en línea con el artículo 77 de la nueva ley de Infancia que recoge la obligación de la Administración de elaborar acciones y estrategias para reducir la pobreza infantil.

El Defensor ha pedido, entre otras propuestas, que las soluciones al fenómeno de la pobreza de la infancia pasan por poner a esta en el centro de las prioridades de todas las políticas públicas; que dichas políticas públicas deben estar guiadas siempre por el interés superior del niño; contar con la participación de los niños y niñas; incrementar el gasto social dirigido a la infancia y, por último, garantizar que las restricciones presupuestarias que puedan imponerse para hacer frente a la crisis económica y social provocadas por la Covid-19 "no afecten al ámbito de la infancia".

En cuanto a la brecha digital, este comisionado ha recordado que el confinamiento provocó un incremento de la desigualdad en el alumnado, con mayor impacto en aquellas familias con menor nivel educativo y competencias digitales, por lo que ha recordado que la prioridad debe seguir siendo la educación presencial siempre que las medidas sanitarias lo posibilitasen.

"LOS PROBLEMAS DE SALUD MENTAL ESTÁN PRESENTES PERO INVISIBLES"

Asimismo, ha destacado otros aspectos de protección de la infancia que ha agravado la pandemia como es el caso de la salud mental de los niños y jóvenes. Maeztu ha señalado que el sistema "tiene una infradotación" de recursos en el sector de la infancia y adolescencia, y que esta realidad de problemas de salud mental en los jóvenes "está presente, pero invisible".

Por último, entre los asuntos destacados, Maeztu ha resaltado otras formas de violencia dirigida hacia los niños y jóvenes, además de la pobreza y la pandemia. Es el caso de la utilización de los niños dentro del fenómeno de la violencia machista o la violencia vicaria.

El Defensor de la Infancia ha anunciado que, junto a Save the Children, ha organizado una Jornada sobre la protección integral que se debe otorgar a niños y niñas víctimas de violencia sexual, que se celebrará el próximo día 10 de noviembre en la ciudad de Córdoba. Maeztu ha señalado que dicho encuentro pretende "ayudar a sensibilizar a la sociedad frente a esta realidad con el propósito de unificar esfuerzos que permitan seguir avanzando en la erradicación de este tipo de maltrato".

Por su parte, el socialista Jesús María Ruiz ha afirmado que contra la pobreza "se necesitan recursos y compromiso" y que el aumento de quejas debido al agravamiento de la situación por la pandemia "supone que hay muchos riesgos que aún no hemos detectado". "Sabemos que la pandemia ha dejado muchas complicaciones y mortalidad, pero no sabemos que efectos tendrá sobre la infancia y la adolescencia, no sabemos si están cuantificados y quién debe cuantificarlos".

Ha apostado por "potenciar" los servicios de salud mental comunitaria, "no tan medicalizados" y el plan integral de lucha contra la pobreza infantil en Andalucía, pero se pregunta "cómo neutralizar esos niveles de pobreza", porque "puede significar un coste enorme para la sociedad futura".

Desde Vox, Ángela Mulas ha indicado que la pobreza infantil "es la pobreza de las familias y, por tanto, las ayudas a la familias deben pasar también por la ayuda a las entidades que prestan servicios asistenciales como los comedores sociales" y que la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación "debe ofrecer medidas específicas para estas entidades, ayudas directas, pero sin perder de vista que no se conviertan en herramientas que sirvan para perpetuar la situación de vulnerabilidad".

"NO EXISTEN INFORMES QUE AVALEN SU INTEGRACIÓN EN LA SOCIEDAD"

Así, se ha mostrado "de acuerdo" en la necesidad de un plan centralizado de pobreza, y sobre los menores extranjeros no acompañados (MENA) ha señalado que "efectivamente habrá que ayudarlos, pero teniendo en cuenta que sean menores y que, efectivamente, estén en situación de desamparo", dos cosa que "se pueden poner en entredicho en la actualidad". Además, ha asegurado que "no existen informes que avalen su integración en la sociedad", un extremo que Maeztu ha contradicho, y ha añadido que Junta y Gobierno "deben erradicar este problema porque hay una Ley de extranjería que hay que cumplir".

Ante esto, Jesús Fernández de Unidas Podemos por Andalucía ha pedido "no hacer juicios de valor a la ligera" y ha subrayado que la Defensoría del Menor, cuyo papel "tanto se critica por parte de algunos grupos", es un instrumento "necesario para la defensa de los derechos y para poner soluciones a problemas sobre los que muchas veces no somos consciente".

"Este informe es clave porque los problemas por el Covid perdurarán años y es útil para poner remedio", ha manifestado, y ha destacado "el aumento de la visibilización de violencia explícita en las pantallas en el caso de niños y adolescentes, normalizando determinadas conductas y violencias".

La diputada de Cs Concepción González ha subrayado que la Ley de infancia y adolescencia "es un paso gigante y recoge muchas cuestiones importantes" y ha puesto en valor el Consejo de menores "para escucharlos en la búsqueda de soluciones y vivir en primera persona cómo han vivido ellos el confinamiento y la pandemia". Mientras, el popular Francisco Palacios ha destacado que el aumento del 22,6% de las quejas tramitadas "deja claro que la Defensoría del Menor se conoce más y se acude más a ella" y en el caso de la pobreza infantil, ha apostado por "la coordinación y vertebración con las distintas CCAA".


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