Publicado 28/07/2021 17:29CET

Diputación de Granada pide prórroga para implantar recogida separada de residuos en pueblos de más de 5.000 habitantes

Juan Antonio Palomino ha tomado posesión de su cargo como diputado provincial en representación de las comarcas de la Alpujarra y El Valle.
Juan Antonio Palomino ha tomado posesión de su cargo como diputado provincial en representación de las comarcas de la Alpujarra y El Valle. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Granada ha aprobado este miércoles por unanimidad una iniciativa por la que la institución acuerda solicitar al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico una prórroga de la entrada en vigor para la implantación de la recogida separada de residuos en los municipios de la provincia de más de cinco mil habitantes.

La iniciativa, presentada a propuesta del grupo socialista, plantea que el proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados prevé la recogida separada antes del 31 de diciembre de 2021, para los municipios de más de cinco mil habitantes, y antes del 31 de diciembre de 2023, para el resto de municipios.

La provincia de Granada cuenta con 41 municipios de más de cinco mil habitantes, que concentran el 80 por ciento de la población provincial. La iniciativa de instar una prórroga se produce tras las reuniones comarcales celebradas por la diputada de Medio Ambiente y Protección Animal, Mari Carmen Fernández, con los representantes municipales, que solicitaron una moratoria.

En la exposición de motivos, la moción plantea que la recogida separada de residuos redundará en un incremento de los niveles de reciclado, pero a su vez obliga a los ayuntamientos a adaptar los contratos de los servicios de recogida y tratamiento de residuos para asumir las nuevas obligaciones de la futura normativa.

Por ello, la Diputación ha acordado solicitar formalmente a la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que a la entrada de vigor de la nueva ley se redacte la orden ministerial por la que "se exceptúe a las entidades locales con población superior a 5.000 habitantes la obligación de recoger por separado hasta el momento en que los ayuntamientos puedan determinar el modelo y diseño del servicio de recogida por separado y el impacto económico de la medida, que no podrá ser nunca antes del 31 de diciembre".

TOMA DE POSESIÓN

En la sesión, Juan Antonio Palomino ha tomado posesión de su cargo como diputado provincial en representación de las comarcas de la Alpujarra y El Valle. Palomino es licenciado en Filosofía y Letras, diplomado en Profesorado de Educación General Básica y Experto Universitario en Comunicación por la Universidad de Granada. Es funcionario de la Diputación, donde hasta ahora ha ocupado la jefatura del Servicio de Deportes. Ha sido alcalde de El Valle entre 1995 y 2019 y actualmente es portavoz del grupo socialista en dicho Ayuntamiento.

Tras tomar posesión de su cargo, el nuevo diputado, de amplia trayectoria municipalista, se ha puesto a disposición de todos los miembros de la corporación y ha señalado que seguirá trabajando por las entidades locales desde el ámbito provincial.

Palomino ha subrayado que representa a una comarca de pequeños municipios y que la Diputación adquiere todo su significado en los pueblos pequeños, a los que presta asistencia económica, técnica y jurídica.

OTRAS MEDIDAS

El pleno ha aprobado una declaración institucional para conceder la distinción de Hijo Predilecto de la provincia, a título póstumo, al periodista y cronista oficial de la provincia Tico Medina, como muestra de reconocimiento y gratitud por la labor realizada. También ha sido aprobada la cesión temporal de uso del 'Puente de lata', del que es titular la Diputación, al Ayuntamiento de Dúrcal para su uso con fines deportivos y de ocio.

Además, ha salido adelante la aceptación de la encomienda de gestión y la propuesta de convenio entre la Diputación y la Dirección General del Catastro en materia de gestión catastral, así como la aprobación y firma de convenio entre la institución provincial y entre el Ministerio de Consumo, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucia para adaptar la Junta Arbitral de Consumo de Granada a la nueva normativa.

Por iniciativa de los diferentes grupos políticos, el pleno ha aprobado diferentes mociones. Entre ellas, y a propuesta del Grupo Socialista, se ha aprobado una moción de apoyo a los productos hortofrutícolas de la provincia para que cobren un precio justo por los productos.

A propuesta del Grupo Popular, se ha aprobado una moción en contra del cierre de la oficina de Administración Tributaria de Almanjáyar, en la que se insta al Gobierno de España a mantener abierta la citada oficina, con el acuerdo de trasladar la petición a otros organismos, como la Junta de Andalucía y la Subdelegación del Gobierno.

A propuesta del Grupo Ciudadanos se ha aprobado una moción que compromete a la Diputación a realizar un diagnóstico de la gestión actual de su patrimonio inmobiliario y el de sus organismos para ponerlo en valor.

Presentada por el Grupo IU, ha sido aprobada una moción en la que se insta a la Junta de Andalucía a reforzar el personal del Servicio Andaluz de Salud, especialmente durante el verano, para hacer frente a las vacaciones de las plantillas, así como y la Atención Primaria cubriendo las bajas en tiempo.

En la iniciativa, entre otras cuestiones, también se pide a la Junta de Andalucía que destine financiación suficiente para campañas de concienciación entre la población a favor de la vacunación ante la covid-19, así como a bajar las listas de espera, recuperar las urgencias suprimidas y a abrir completamente, con las garantías sanitarias suficientes, los centros de salud de la provincia que a día de hoy permanecen cerrados.

Por iniciativa del Grupo Adelante, ha salido adelante una moción por la que la Diputación muestra su apoyo y solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de Caixa Bank en la provincia y acuerda trasmitir a la entidad la preocupación de la institución provincial por los efectos que puede tener en la despoblación el cierre de oficinas en la provincia.

También acuerda solicitar a Caixa Bank que cumpla íntegramente el acuerdo firmado con los sindicatos, así como a instar al Gobierno de España para hacer valer su participación del 16 por ciento en favor de defensa del empleo y de los derechos de los trabajadores, así como a la Junta de Andalucía para que ponga los medios necesarios en favor de los empleados.