GRANADA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -
El diputado de Obras Públicas y Vivienda, José Ramón Jiménez, ha presentado la línea de subvenciones aprobada por la Diputación de Granada para mantener y mejorar el patrimonio arqueológico de la provincia, cuya principal novedad es que se incrementa hasta el millón de euros, en caso de necesidad, la inversión total.
Ello, para la conservación y uso de los bienes culturales integrantes del Patrimonio Arqueológico, Paleontológico y Arquitectónico, tanto de naturaleza inmueble como mueble, mediante acciones que mejoren su estado y posibiliten su conocimiento, difusión, promoción y reconocimiento.
Por tanto, la dotación económica inicial asciende de 300.000 a 500.000 euros respecto a años anteriores, pudiendo llegar al millón de euros si las solicitudes así lo requieren. En su intervención, José Ramón Jiménez ha indicado que "este momento no es solamente un acto administrativo, sino un compromiso con nuestra identidad, con nuestra historia y con las generaciones del futuro. Cada rincón de la provincia es un testimonio vivo del pasado y ese patrimonio no es solo nuestro legado, también es nuestra responsabilidad. Debemos custodiarlo, protegerlo y transmitirlo intacto a los que están por venir".
A su vez, ha recalcado que estas subvenciones no sólo financiarán excavaciones y restauraciones, sino que también generarán empleo local, fomentarán el turismo sostenible y reactivarán la economía en nuestras áreas más remotas.
Podrán ser beneficiarios los municipios y Entidades Locales Autónomas de la provincia con población inferior a 20.000 habitantes que tengan en propiedad bienes culturales integrantes del patrimonio arqueológico, paleontológico y arquitectónico o que tengan autorización, contratos o documentos de cesión de uso con una duración mínima de cinco años, en caso de bienes muebles, o de 10 años, en caso de bienes inmuebles.
Como novedad en este año, con las mismas condiciones expuestas en el párrafo anterior, también podrán ser beneficiarios los municipios con población entre 20.000 y 50.000 habitantes que hayan experimentado tasa de crecimiento demográfico negativo (pérdida poblacional) en el periodo de los últimos diez años, para que sea representativo de la masa poblacional residente en un municipio y no distorsione los resultados por movimientos migratorios puntuales.
