Empresas educativas y de catering critican medidas de la Junta para mantener el empleo por no llegar a todo el sector

SEVILLA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Empresas Educativas y Servicios Socioculturales (Faesc) y la Asociación de Empresas de Restauración Colectiva de Andalucía (Aercan), patronales de las empresas que prestan los servicios complementarios de matinal, comedor escolar y extraescolares, así como otros planes y programas educativos dependientes de la Consejería de Educación y Deporte, han criticado este domingo las medidas de la Junta para mantener el empleo en el sector porque llegan a "menos de la mitad" de los servicios y empleos.

En un comunicado conjunto, muestran su "sorpresa" ante las afirmaciones de que la convalidación parlamentaria del Decreto Ley 7/2020 supone garantizar los pagos y el mantenimiento del empleo para las empresas y trabajadores que prestaban servicios en los distintos ámbitos de la Administración, afectados por el cierre total de actividad por el coronavirus (Covid-19).

"La realidad es que la aplicación de dicho decreto afectaría exclusivamente a los denominados contratos de servicios", y dado que dentro de la contratación de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) estos sólo representan el 46% del total, según aseguran las patronales de las empresas, "menos de la mitad de los servicios y empleos estarían en principio cubiertos por estas medidas".

En este sentido, subrayan que quedarían "especialmente desprotegidos" los contratos de comedores escolares --el 95% son de concesión y no les afectaría-- y los de aula matinal --al 80% no le afectaría--.

Por tanto, para el resto de la actividad, que supone un 54% del total y que serían los denominados contratos de concesión y que ocupan más de 13.800 trabajadores, no sería de aplicación el referido Decreto Ley 7/2020, "a pesar de los múltiples requerimientos de las patronales para que lo fuera", critican.

Para el resto de contratos, sería de aplicación el artículo 34.4 del Real Decreto Ley 8/2020 del Gobierno de España. Según explican ambas patronales, esto significa que para que las empresas pudieran mantener estos empleos, adscritos a este tipo de contratos, deberían adelantar el pago íntegro de los salarios hasta la finalización del curso escolar y esperar muchos meses más, a ser resarcidos parcialmente por la Administración, mediante el mecanismo de reequilibrio económico previsto en el citado Real Decreto Ley 8/2020.

"Es una falacia pretender que las empresas del sector, que ya trabajaban en unas condiciones económicas límite, con los precios públicos de los servicios congelados desde hace once años, puedan tener liquidez o financiar este gasto millonario, con la actividad y los cobros completamente suspendidos", censuran.

Incluso, para los contratos de servicios, que sí son regulados por el Decreto Ley 7/2020, y sobre los que sí se establece un mecanismo de abono a cuenta de los gastos salariales, manifiestan que además de no haberse puesto en marcha aún este mecanismo, los porcentajes de abono dados a conocer por la Consejería de Educación "son manifiestamente insuficientes para cubrir los costes salariales".

Esta situación, a su juicio, obligará a las empresas a la presentación de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para garantizar el cobro de los salarios para los trabajadores. De no hacerlo, o incluso para el caso de que estos no fueran aceptados por la autoridad laboral, las consecuencias serían el inmediato impago de salarios a los trabajadores y la quiebra técnica de las empresas del sector, advierten.

"Sorprende que esta gravísima situación, conocida perfectamente por los sindicatos, a los que reconocemos su apoyo en estos momentos, sea silenciada por la Administración y, al parecer, ignorada por el resto de grupos parlamentarios, por lo que instamos a todos ellos a la aplicación efectiva de medidas que garanticen el mantenimiento del empleo y la viabilidad empresarial", concluyen Faesc y Aercan.