CÓRDOBA, 8 May. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, aclaró hoy que la propuesta que lanzó ayer el presidente de la Junta, Manuel Chaves, de convertir viviendas libres construidas en VPO o viviendas de precio tasado dependerá de los empresarios y se buscará hacerlo en los municipios con más demanda de vivienda protegida.
En declaraciones a los periodistas, Espadas explicó que el planteamiento hecho a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ayer por la Junta es que ésta está dispuesta "a estudiar con ellos cuál es la situación de las aproximadamente 90.000 viviendas construidas en Andalucía en los últimos años y que ahora mismo no tienen colocación en el mercado, pues los promotores que las construyeron o están construyéndolas no prevén que a corto plazo se puedan vender, lógicamente por los precios y la situación del mercado".
De ahí que la Junta pretenda, en primer lugar, "saber dónde están" tales viviendas y saber "si coincide esa oferta con los municipios donde hay mayor demanda de vivienda protegida, es decir, hay que casar el objetivo ciudadano y político de disponer de vivienda protegida con que, efectivamente, esas construcciones se hayan dado" en las zonas de Andalucía con mayor necesidad de VPO, cuestión esta que la Junta quiere "tratar con los empresarios en las próximas semanas".
A este respecto, Espadas argumentó que, dada la apuesta de la Junta por "impulsar que haya vivienda protegida y que haya suelo para ello, por coherencia, el primer objetivo debe ser que, sobre el parque de viviendas existente o que se está concluyendo su construcción, estudiar qué volumen de viviendas de la tipología más próxima a lo que puede ser la calificada como vivienda protegida se pudiera calificar como tal", con el acuerdo de los promotores, para que se adaptara el precio de venta de tales viviendas al que "legalmente pueden venderse" ya como VPO o vivienda de precio tasado.
En cualquier caso, subrayó que hay que "estudiar la viabilidad" de esta iniciativa, comprobando en primer término "dónde están esas 90.000 viviendas en cada una de las provincias andaluzas y analizar sus características", pues las de precio más alto no podrían incorporarse a esta propuesta, que se refiere a aquellas viviendas cuyo precio "fuese adaptable al de una vivienda protegida o de las de precio tasado".
