Estafa filatélica.-Afectados estudian pedir responsabilidades patrimoniales a administraciones "por omisión" en su labor

SEVILLA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Afectados por el Fraude Filatélico de Andalucía, que está en proceso de constitución jurídica, estudiará exigir responsabilidades patrimoniales a las administraciones públicas, especialmente al Estado por una "omisión" en su labor de control y acción para evitar las consecuencias de la presunta estafa de Afinsa y Fórum Filatélico.

Según explicó en rueda de prensa el letrado Manuel Clavero, cuyo bufete está asesorando a dicha plataforma, los afectados actualmente están tramitando la personación de este grupo de afectados como actor civil en el proceso penal abierto a raíz de la querella del fiscal Anticorrupción en la Audiencia Nacional.

En ese sentido, Clavero indicó que la idea sería "presentar una denuncia para Fórum Filatélico y otra para Afinsa, aglutinando todas las reclamaciones, al menos andaluzas, para evitar que los juzgados se inunden de casos". Posteriormente analizarán la posibilidad de emprender acciones civiles y estudiarán emprender la vía mercantil como acreedores.

En el caso de la responsabilidad patrimonial, Clavero explicó todo el proceso seguido por la Administración del Estado, de forma que "la Inspección de Hacienda detectó en los años 2001 y 2002 irregularidades importantes en la situación fiscal de Afinsa y Fórum Filatélico, pero no advirtieron a nadie de este asunto ni tomaron las medidas oportunas que evitaran llegar a la situación actual".

Explicó que además la Agencia Tributaria obliga a Fórum Filatélico y a Afinsa a eliminar el apartado de provisiones, cifrado en unos 500 millones de euros, creado para poder hacer frente a cualquier incidencia o contingencia, con la idea de poder obtener mas impuestos sobre estas sociedades".

"Posteriormente en 2003 decidieron excluir a estas instituciones del registro de inversiones colectivas, con lo ya no se consideran instituciones financieras y sus clientes no estaban protegidos por la normativa para estos entes", agregó Clavero, que precisó que, "pese a detectarse esas irregularidades iniciales, el Estado no comunicó nada a las comunidades autónomas que son competentes en materia de consumo, ni tampoco se le comentó nada a los inversores, que no tuvieron conocimiento de esta situación".

Clavero, que lamentó que en este caso "se ha producido un mal funcionamiento de las administraciones públicas", indicó que "la responsabilidad del Estado y posiblemente de las comunidades autónomas --como autoridades de consumo-- no ha sido por acción, sino por omisión, pues no ejercieron ni tutela ni control sobre la práctica de estas sociedades", agregó.

El letrado además lamentó que en la investigación ante un posible blanqueo de capitales "se ha decidido matar moscas a cañonazos, tomando medidas que afectan a todos los inversores y no actuando contra los presuntos defraudadores". Añadió que las colecciones de sellos "no deben pertenecer a la sociedad, sino a los clientes y su valor al venderse se debe emplear para pagar lo adeudado a esos inversores".

LLAMAMIENTO A LA UNIDAD El coordinador de la plataforma, Antonio Ramos, precisó que desde el pasado domingo hasta ahora existen 8.500 adhesiones a esta plataforma, que prevén que jurídicamente esté constituida la próxima semana. Indicó que ya contactaron con ellos afectados procedentes de Almería, Jaén, Martos (Jaén), Baena (Córdoba), Córdoba o Granada. También están interesados en formar parte de esta plataforma afectados de Extremadura, Canarias y Melilla.

Ramos indicó que la concentración convocada para el próximo sábado cambiará su ubicación inicial, en el Parlamento andaluz, a la plaza de San Pedro --conocida como Cristo de Burgos-- en la capital hispalense, donde esperan congregar a miles de personas.

Además, hizo un llamamiento para que las instituciones les brinden su apoyo y puedan tener una sede donde constituirse. Para Ramos "no podemos permitir que nos vean como víctima de un 'timo de la estampita', pues creíamos saber dónde invertíamos, en sociedades de gran solvencia".

El promotor y portavoz de la plataforma de afectados, Francisco Bernal, que cifró en 85.000 los afectados en Andalucía "aunque existen 340.000 personas afectadas indirectamente al tratarse de familiares", apeló a la necesidad de unidad entre los afectados y abogó por constituir una plataforma a nivel nacional "donde podamos buscar entre todos mecanismos de solución".

Bernal indicó que está creando una página web para que los afectados puedan contactar entre sí, que se unirá a la dirección de email afectadosfraudefilatelico@yahoo.es.