El abogado de un ex director general de IDEA pide que comparezcan como testigos cuatro ex altos cargos de la Junta cuya causa fue archivada
SEVILLA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
El abogado de la exconsejera Carmen Martínez Aguayo, que será juzgada a partir del 13 de diciembre junto a otros 21 ex altos cargos por el denominado procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los ERE, ha anunciado a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla que planteará como cuestión previa la "necesidad" de modificar el orden de practicar las pruebas en el juicio para que los acusados declaren tras los testigos y peritos y no antes, como sucede habitualmente.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de la exconsejera de Hacienda y Administración Pública, Víctor Moreno Catena, argumenta que, "si bien esta parte conoce que el momento procesal legalmente establecido para plantear y debatir las cuestiones previas es al comienzo de las sesiones del juicio oral", presenta este escrito "con la única finalidad de introducir esta cuestión con anterioridad a ese momento y advertir sobre esta circunstancia para que todas las partes puedan formarse criterio".
"El debate sobre esta cuestión anunciada solamente tendría lugar una vez que fueran desestimadas otras cuestiones, si es que llegaran a plantearse, que obstaran a la válida celebración del juicio", señala el letrado, que subraya que el fin de anunciar esta cuestión previa es "permitir un debate suficiente sobre la referida cuestión, sin que se produzca una alteración problemática de los sucesivos actos procesales que deben realizarse en este juicio oral".
El abogado de la exconsejera afirma no desconocer que "la costumbre judicial en buena medida es la de comenzar con la declaración de los acusados porque así lo haya propuesto el Ministerio Fiscal", mientras que "tampoco desconoce que tanto en el escrito de calificaciones" de la Fiscalía Anticorrupción como en su propio escrito de defensa "se plantea el interrogatorio de los acusados como primera diligencia".
"Solicitando la comprensión de la Sala en el trance de situarnos a las puertas de la celebración del juicio, se trata ahora de analizar si en el caso concreto la modificación del orden usual de practicar las pruebas en el plenario puede o debe alterarse, de oficio o a petición de alguna parte, porque de ese modo se llegue a lograr un mejor esclarecimiento de los hechos", manifiesta el abogado.
Tras indicar que "hay precedentes en admitir este orden de proceder ante diferentes tribunales por toda España", dice que, en relación con la "necesidad" de que el interrogatorio de los acusados se realice en última lugar, "hay que tener en cuenta que el objeto" de la causa "gira en torno al mecanismo por el cual las subvenciones y ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo, en un determinado ámbito sectorial, son abonadas por IFA/IDEA, o más claramente, respecto del instrumento financiero/presupuestario de las transferencias de financiación y si éste era un mecanismo ilegal para el otorgamiento de subvenciones".
"DISCUSIÓN EMINENTEMENTE TÉCNICO-JURÍDICA"
Según considera, "esto nos lleva a que nos encontremos ante una discusión eminentemente técnico-jurídica", por lo que la declaración de los peritos llamados al proceso "será imprescindible para arrojar luz sobre el objeto del proceso y sobre todo, sobre la relevancia penal de los hechos por los que se acusa a un conjunto impreciso de autoridades y funcionarios de la Junta de Andalucía".
De igual modo, el abogado asevera que "la absoluta imprecisión de las acusaciones sobre la intervención concreta que cada uno de los acusados tuvo en la mal llamada 'creación' (de todo punto inexistente) o en el mantenimiento de la utilización de ese mecanismo presupuestario con la finalidad última de que se concediesen ayudas en un determinado ámbito sectorial eludiendo el control, hace necesario que en el presente caso se revierta el orden histórico de la prueba".
Y todo ello "a fin de que tras la declaración de los testigos llamados al proceso (de todos los departamentos y ámbitos) y de la ratificación de los peritos, se haya perfilado al menos mínimamente el ámbito de actuación de cada uno de los acusados, así como sus potestades facultades y la intervención real que pudieron tener en los hechos, lo que facilitaría a este tribunal el descubrimiento de la verdad de lo acontecido", concluye el letrado de la exconsejera.
DECLARACIÓN DE CUATRO EX ALTOS CARGOS CUYA CAUSA FUE ARCHIVADA
De otro lado, el abogado del ex director general de IDEA Jacinto Cañete, Juan Carlos Alférez, ha pedido al tribunal que cite a declarar como testigos a cuatro ex altos cargos de la Junta que llegaron a ser acusados por la Fiscalía Anticorrupción en la pieza 'política' de los ERE pero cuya causa fue archivada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla.
En concreto, se trata del exviceconsejero de Innovación Gonzalo Suárez; del ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera; del exviceconsejero de Empleo Justo Mañas, y del ex director general de la agencia IDEA Antonio Valverde, que sustituyó en el cargo a Jacinto Cañete y cuya declaración "se torna de extremada importancia a los efectos del derecho de defensa de mi parte".
En un escrito, consultado por Europa Press, el letrado explica que, en su escrito de defensa, propuso como prueba el interrogatorio de todos los que en aquel momento fueron acusados por el Ministerio Público, prueba que fue admitida, pero "con fecha posterior" a la presentación del escrito de defensa, del cierre de la fase intermedia del proceso y de la elevación de la causa a la Sala, la Audiencia archivó la causa contra estos cuatro ex altos cargos.
"Dado los otrora propuestos de interrogatorio y admitidos como acusados han mutado a testigos y no mantienen representación procesal en autos, al derecho de esta parte interesa su citación a juicio en condición de testigos", expone el abogado.
