El delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press
SEVILLA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha valorado las actuaciones e inversiones aprobadas en el Consejo de Ministros del martes y destinadas a Andalucía, sobre todo en materia de vivienda, movilidad o igualdad, que tienen como objetivo "invertir tiempo y dinero en incrementar el Estado de Bienestar de los ciudadanos, reconociendo y ampliando sus derechos"; por lo que ha dicho a la Junta andaluza que "se fije cada martes en las decisiones adoptadas y al día siguiente, en su Consejo de Gobierno, adopte medidas que tengan el mismo objetivo".
"Es lo que esperan los andaluces", según ha manifestado Fernández en un comunicado, en el que ha expresado que en su opinión "el papel de las administraciones y de la política es servir a los ciudadanos y no utilizarlas como instrumento de confrontación o para el bloqueo, que en poco o nada ayudan a avanzar y progresar a una sociedad y mucho para generar debates vanos o interesados".
Por ello, ha propuesto a la administración andaluza que "continúe el camino emprendido por el Gobierno de España en cuestiones como la vivienda, para asentarla como el quinto pilar del Estado del Bienestar, garantizando a los andaluces la posibilidad de acceder en condiciones económicas razonables a un hogar".
"Éste es precisamente el fin del acuerdo adoptado en Consejo de Ministros que autoriza el traspaso de suelos de las antiguas cárceles de La Ranilla, en Sevilla, y Córdoba a la Entidad Estatal de Vivienda (Sepes) para disponer de 414 nuevas viviendas protegidas y asequibles", ha destacado Fernández, quien ha apuntado que "se engloban en las casi 37.000 viviendas promovidas por el Estado en Andalucía desde 2018, 12.000 en construcción y casi 25.000 en rehabilitación".
En definitiva, "decisiones que mejoran la vida de la mayoría de la gente, que les ofrecen oportunidades para desarrollar su proyecto de futuro y que vienen a garantizarle un espacio de seguridad, asequible y de calidad. Y recuerdo el dato, desde que contamos con un Gobierno progresista en nuestro país, Andalucía ha recibido 1.619 millones de euros para políticas de vivienda", ha manifestado.
En este punto, ha aprovechado para reclamarle a la Junta de Andalucía que "muestre su disposición real a garantizar el derecho a una vivienda y deje de darle la espalda a los andaluces al negarse a triplicar su aportación económica en el próximo Plan Estatal de Vivienda porque es ahí, sobre el papel y con compromiso táctico, donde debe demostrar su verdadero interés".
Ha indicado que el Ministerio de Vivienda ha presentado en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 su intención de triplicar la aportación económica a dicha programación para aumentar el parque de vivienda asequible y rehabilitar el existente. Así, pasará a contar con una dotación de 7.000 millones de euros, de los que el 60% es aportado por el estado y el 40% por la comunidad autónoma. "Más compromiso real y menos fotos y confrontación política", ha apostillado.
Fernández ha señalado también las inversiones aprobadas el pasado martes para mejorar la movilidad como "un elemento esencial para avanzar en la cohesión territorial de toda Andalucía, donde las carreteras conforman una de las principales herramientas para ello".
Así, ha recordado que el Consejo de Ministros ha aprobado una modificación en las concesiones de la Autopista AP-7, de la Costa del Sol, en sus tramos Málaga-Estepona y Estepona-Guadiaro, en la provincia de Málaga, por la que se reconoce una inversión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de 42,6 millones de euros para la adecuación de túneles y de mejora de la eficiencia energética, mientras que la Sociedad Concesionaria asume la conservación hasta el fin de la concesión.
Además, ha dicho que el sector agroindustrial "es otro motor económico de Andalucía que centra cada martes las decisiones del Consejo de Ministros", como reflejan, ha apuntado, "los más de 1,17 millones de euros para programas de erradicación de enfermedades de los animales en la comunidad". "Estamos hablando de cogobernanza, de apoyo a la comunidad autónoma para la ejecución de programas que permitan el control o erradicación de enfermedades, con la importancia que ello deriva en la salud pública y en a de las exportaciones de los productos ganaderos españoles", ha explicado.
En un contexto geopolítico "convulso", Fernández ha reconocido "la necesidad de reforzar la industria de defensa nacional para garantizar el autoabastecimiento y la capacidad de atraer inversión a través de proyectos europeos, lo que conlleva generar empleo y actividad económica ligada al sector".
"En Andalucía, la industria de defensa y seguridad representa un peso significativo en el sector a nivel nacional, con una facturación de unos 3.000 millones", ha asegurado Fernández, un peso económico que ha relacionado con la aprobación en Consejo de Ministros del Real Decreto que regulada la concesión directa de préstamos a varias empresas para el desarrollo industrial de programas especiales de modernización en los ámbitos terrestre y aéreo, en el marco del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa aprobado en abril de 2025, "y que beneficiarán directamente a empresas en nuestra tierra", ha afirmado.
El delegado del Gobierno ha querido cerrar su análisis con la aprobación en Consejo de Ministros del anteproyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución española para blindar el derecho a la interrupción del embarazo, "que vendrá a beneficiar a todas aquellas andaluzas que quieren ver reconocido su derecho y hacerlo por la sanidad pública".
Según ha precisado, "Andalucía tiene el triste honor de situarse a la cola en el número de interrupciones de embarazos realizados en centros públicos, con solo el 0,2% de las intervenciones realizadas en 2024, según los datos del informe 2015-2024 del Ministerio de Sanidad sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
Esta cifra, en su opinión, "nos sitúa en las antípodas de una sociedad desarrollada en pleno siglo XXI, donde las mujeres, tal como demuestra el estudio, se ven obligadas a buscar una alternativa en otros centros a pesar de ser una alternativa recogida en la carta de servicios de la sanidad pública y de ser un derecho de las mujeres".
"Hay más razones, medidas, acuerdos e inversiones que verán la luz más en los próximos Consejos de Ministros, con el único objetivo de mejorar la vida de la gente, de reconocer, ampliar y reforzar sus derechos y de responder a lo que realmente quieren y necesitan", ha incidido el delegado del Gobierno, quien ha añadido que para conseguirlo "solo hace falta actuar como servidores públicos, estar atentos y escuchar, trabajar por el interés general y por la dignidad de las personas".