La Fiscalía destaca el incremento de condenas por prevaricación y su compromiso "contra delincuencia ambiental"

CÓRDOBA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Córdoba destaca el incremento de las acusaciones y condenas por prevaricación urbanística, además de falsedad y malversación de caudales públicos, siendo en general las sentencias condenatorias, al tiempo que resalta en este sentido su "compromiso en la lucha contra la delincuencia ambiental".

Según se recoge en la Memoria Anual de la Fiscalía Superior de Andalucía referida a 2014, a la que ha tenido acceso Europa Press, sobre las diligencias de investigación penal señala que "aunque ha disminuido el número de este tipo de actuaciones, destaca la gran importancia tanto por su volumen como por la complejidad y trascendencia de los asuntos a los que se refieren, principalmente en los supuestos de prevaricación urbanística".

En concreto, en lo que se refiere a los procedimientos judiciales incoados en la Fiscalía durante el año 2014, un total de 73.128 corresponden a diligencias previas, 2.280 a procedimientos abreviados; 2.114 a diligencias urgentes de calificación; 9.211 a juicios de faltas; 35 a sumarios, y cinco son jurados.

En relación con los delitos contra la ordenación del territorio, se pone de manifiesto que la aplicación en la provincia del Decreto de enero de 2012 sobre regularización de edificaciones en suelo no urbanizable ha dado lugar a que la corporación municipal haya completado el inventario de las parcelaciones ilegales existentes.

Al respecto, señala "la existencia de asentamientos urbanísticos que reúnen las características exigidas en el Decreto para proceder a su legalización, pero el Avance del Decreto revela la existencia de edificaciones aisladas, asentamientos urbanísticos y edificaciones denominadas hábitat rural diseminado y un total de 68 por ciento de viviendas ilegales".

Sobre estas últimas, agrega, "ha prescrito la acción penal y la administrativa y que al estar en zona inundable o de difícil evacuación en caso de incendio no sería susceptible la figura de Asimilado Fuera de Ordenación que permitiera ser dotadas de servicios públicos y acceso al Registro de la Propiedad".

Asimismo, indica sobre las sentencias dictadas y los recursos interpuestos por el Ministerio Fiscal que "la mayoría de las sentencias no han acordado la demolición". Se han alegado por el fiscal en los recursos los argumentos de una sentencia del Tribunal Supremo (TS) "considerando inherente al delito y consecuencia lógica y normal del mismo, por cuanto la condena entraña que se ha conculcado la legalidad urbanística y es la manera de restauración de la legalidad, estimando excepcional la razón o razones para no acordarla o diferirla al orden administrativo".

Así, se congratula de las últimas sentencias del Tribunal Supremo en materia de demolición y en la excepcionalidad para no acordarla en las sentencias condenatorias por ser "el modo adecuado y principal para restauración de la legalidad, imponiéndola cuando los hechos se realicen fuera de la legalidad urbanística vigente y en todo caso cuando junto al delito contra la Ordenación del Territorio vaya acompañado de un delito de desobediencia".

Por otro lado, subraya "la importancia de la adopción de medidas cautelares, considerando que la temprana adopción de las mismas en su doble dimensión de aseguramiento y prevención coadyuva decisivamente a evitar la consumación del delito y permite acordar la restauración más fácilmente".

INCENDIOS FORESTALES Y PATRIMONIO

En cuanto a los incendios forestales por causas intencionadas, la Fiscalía apunta que "el porcentaje es similar a años anteriores y las causas siguen siendo intereses cinegéticos, vandalismo o venganzas vecinales". Todas las sentencias dictadas en esos delitos cuando el autor ha sido identificado han sido condenatorias.

En el caso de incendios imprudentes, que son la mayoría, normalmente se archivan por los jueces de Instrucción los derivados de actividades como el uso de maquinaria agrícola o la quema de rastrojos sin adoptar precauciones y los autos de la Audiencia han considerado "imprudencia leve" el tipo de actividades descritas ordenando, por tanto, igualmente el archivo de las actuaciones.

Destaca la actividad desplegada por la Fiscalía como consecuencia del requerimiento realizado por el fiscal de sala de Medio Ambiente en relación con el control de vertederos, líneas eléctricas y zonas recreativas próximos a zonas forestales con el consiguiente riesgo de incendio.

En materia de Patrimonio Histórico, como asunto "más relevante" en la materia, destaca las diligencias previas del Juzgado de Instrucción número 2 de Montoro incoadas a consecuencia de una investigación policial de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) por posibles delitos de expolio de yacimiento arqueológico y tráfico ilícito de obras de arte, en relación con una necrópolis romana.

TRÁFICO DE OBRAS DE ARTE

También, se mencionan las diligencias previas sobre receptación y tráfico de obras de arte, con sentencia absolutoria, en las que el fiscal ha solicitado "reiteradamente la consideración de tales piezas como bienes de dominio público por aplicación de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, oponiéndose a su devolución a los particulares".

Se resalta, en este caso, la incoación ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba de las diligencias previas por sustracción y traslado a Londres para su venta en subasta en la Casa Christie's de una basa califal de columna de la ciudad de Medina Azahara. Se localizó en Dubai tras ser vendida en Londres y se ha realizado por el Juzgado de Instrucción una Solicitud de Asistencia Internacional al amparo del convenio suscrito entre España y Dubai en materia penal, "con éxito".

Mientras, en los delitos contra el Medio Ambiente, Flora y Fauna, destacan las diligencias previas por almacenamiento de residuos, en las que se decretó el archivo tras detectarse la comisión de ciertas irregularidades administrativas por "no ser la conducta encuadrable en el artículo 328 del Código Penal, aunque se interesó la actuación de la administración a los efectos de la sanción administrativa y la reposición de la realidad física alterada".

En materia de delitos contra la Flora y Fauna, la Fiscalía no ha detectado "incidencia alguna destacable, siendo casi todas las infracciones de caza que se resuelven en el ámbito administrativo, o se archivan en vía penal por falta de autor conocido".

En materia de maltrato de animales domésticos, advierte del "aumento de su incidencia" y que los pronunciamientos a excepción de alguna resolución absolutoria por imposibilidad de determinar la identidad del propietario del animal, suelen ser condenatorios.