Actualizado 14/07/2012 13:03 CET

Fiscalía investiga al alcalde de Otura (PP) por el sobrecoste de unas facturas de unas plantas

GRANADA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Granada ha abierto diligencias contra el alcalde de Otura (Granada), Ignacio Fernández-Sanz (PP), después de que haya sido denunciado por IU por el supuesto sobrecoste de unas facturas de un magnolio, dos acacias y otras plantas que se compraron para incluirse en una plaza y una carretera del municipio tras su remodelación.

La formación de izquierdas, que presentó denuncia por estos hechos ante la Fiscalía el pasado 27 de junio, atribuye al regidor los posibles delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude y exacción ilegal.

Según consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, fue el pasado mes de enero de 2010 cuando el alcalde de Otura dictó una providencia disponiendo que se procediera a la incoación de un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos correspondiente a una serie de facturas, entre las que se incluía la emitida por el vivero Los Geranios por importe de 20.057,64 euros.

La factura recogía una serie de suministros de plantas y otros materiales de jardinería, entre los que destacan dos acacias, por más de 2.500 euros cada una, y un magnolio, por valor de 1.100, precios que "no representan su valor medio en el mercado, sino que están inflados de una manera ostensible", según el denunciante, que es el concejal IU en el Ayuntamiento de Otura Ángel Pertíñez.

De hecho, las acacias --que junto con el magnolio fueron plantadas en la plaza de la Constitución tras su reforma, aunque ya se han secado y han sido sustituidas por otras plantas-- se facturaron por una cantidad "127 veces su valor de mercado", y el porcentaje de IVA repercutido fue incorrecto, del 16 por ciento, en lugar del 7 que le correspondía.

Asimismo, la empresa que se encargó de la remodelación de la plaza ya incluyó en el proyecto de la obra una partida de jardinería "que debía ser ejecutada con cargo al precio de adjudicación", con lo que la corporación municipal no tendría la obligación de adquirir las plantas.

Por todo, IU considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de estafa, malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude y exacción ilegal y pide que se llame a declarar tanto al alcalde de la localidad como al propietario del vivero que emitió las facturas supuestamente irregulares.