JAÉN, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Provincial de Jaén aprecia un presunto delito contra el patrimonio histórico en las obras promovidas por Caja Jaén, ahora fusionada con Unicaja, en el Palacio de los Vizcondes de Los Villares, edificio catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) ubicado en el casco antiguo de la capital que iba a rehabilitar para convertirlo en sede de su obra social.
Así se desprende en el decreto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que acuerda remitir diligencias de investigación penal al Juzgado de Instrucción Decano para que, al que por turno corresponda, incoe diligencias previas para investigar unos hechos que le fueron puestos en conocimiento por la Plataforma 'Un PGOU de Jaén para la ciudadanía', que ha hecho pública este jueves esta decisión.
Tras analizar la información que requirió tanto a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento como a la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte, la fiscal dice que "se pone de manifiesto que por la promotora de las obras, Caja Provincial de Ahorros de Jaén" se ha actuado en un inmueble perteneciente a un Conjunto Histórico declarado BIC "habiéndose llevado a cabo la demolición y desmontado de elementos arquitectónicos" que "no estaban autorizados ni por la Consejería competente, ni por la licencia municipal", otorgada en 2008.
En la actualidad, quedan "sólo dos terceras partes de la fachada, los muros envolventes del patio en planta baja y el sótano". Además, recoge que "no se han iniciado las obras de construcción y rehabilitación" del edificio, cuya licencia aprobó el Ayuntamiento en 2009 y sobre la que en noviembre del año pasado se abrió expediente para su caducidad.
Según añade la fiscal, esto hechos "pudieran revestir" un delito contra el patrimonio histórico del que, sin perjuicio de que incurrieran otras personas, "pudieran ser presuntos responsables" representantes de la Caja Provincial de Ahorros de Jaén, "propietaria del inmueble, como promotores" de las obras de demolición y de las de rehabilitación, que "no ejecutaron presentando por tal causa" el edificio "una situación aparente de abandono y ruina".
Por ello, acuerda la citada remisión de las diligencias y, una vez determinado el juez instructor, pide a éste como medida cautelar trasladar a un museo de la Junta o institución pública que ella fije los elementos del palacio que fueron desmontados y que se encuentran en una nave del Polígono de los Olivares en unas condiciones de conservación que "no son las mejores".
Igualmente, pide que se "reciba declaración sobre los hechos en calidad de imputados a Andrés Liétor Garrido y Dionisio Martín Padilla, representantes de Caja Jaén, hoy fusionada con la entidad Unicaja, por su indiciaria responsabilidad en la comisión de un delito contra el patrimonio histórico como promotores" de las obras.
Por su parte, fuentes de Unicaja consultadas por Europa Press han manifestado que por los antecedentes que obran en su poder "todas las actuaciones realizadas han contado con las correspondientes autorizaciones administrativas".
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