GRANADA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -
La delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, ha lamentado este viernes la "oportunidad perdida" que ha supuesto el rechazo del Congreso de los Diputados del decreto ley que recogía el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la cesión al Estado de los remanentes municipales, que habría permitido a diputaciones y ayuntamientos andaluces con remanentes de tesorería "destinar más de 900 millones de euros a reforzar los servicios sociales".
En declaraciones a los medios en la Subdelegación del Gobierno en Granada, donde ha presidido la Comisión Territorial en la que han participado los subdelegados de las ocho provincias andaluzas, Sandra García ha incidido en que este Real Decreto-Ley habría permitido a las entidades locales con remanentes de tesorería recibir un ingreso no financiero del Estado para destinarlo a mejorar la atención a personas mayores o dependientes, incrementar la oferta de vivienda asequible en alquiler o construir escuelas infantiles.
"Es una mala noticia que no haya salido adelante porque para Andalucía supone perder más de 900 millones de euros a diputaciones y ayuntamientos, que no podrán invertir ese dinero en servicios sociales fundamentales para hacer frente a esta situación de alerta sanitaria", ha insistido la delegada del Gobierno, que ha criticado que en la decisión final "haya valido más el frentismo político" que el hecho de que las entidades locales pudieran disponer de este dinero para "salir adelante".
Respecto a los Presupuestos Generales del Estado, la delegada ha destacado que "los 140.000 millones del Fondo Europeo que el presidente del Gobierno ha negociado para los próximos seis años es una oportunidad de gestión para los territorios". "Desde el Gobierno seguimos, una vez más, brindando la mano para que estemos a la altura de estas circunstancias excepcionales y seamos responsables con nuestra decisiones para poder dar respuesta a lo que nos exige la ciudadanía", ha concluido.
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