SEVILLA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de España ha destinado en los dos últimos años --entre 2020 y 2021-- a Andalucía un total de 213.228.303 euros para la transformación y orientación de la Formación Profesional (FP) al mercado laboral y a la realidad productiva, una etapa formativa que este año incrementa en 8.990 el número de plazas financiadas por la Administración central, 3.450 de ellas en modalidad bilingüe.
Así lo ha puesto de relieve este miércoles la Delegación del Gobierno en Andalucía en un comunicado en el que su titular, Pedro Fernández, ha trasladado su apuesta por la FP como una "garantía de empleabilidad en sectores emergentes y de acreditación para aquellas personas activas que, a pesar de su experiencia laboral, no cuentan con acreditación de sus competencias profesionales".
"La FP es una puerta al empleo para modernizar nuestra economía y para reducir las cifras de desempleo juvenil", ha destacado Fernández, que ha hecho hincapié en las previsiones que señalan que "el 50% de las oportunidades de empleo en el año 2025 estarán reservadas para personas con cualificación intermedia", es decir, "técnicos y técnicos superiores de Formación Profesional".
De ahí, según ha abundado el delegado, "la idoneidad de sacar adelante la Ley de Ordenación e Integración de la Formación Profesional", cuyo anteproyecto fue aprobado este pasado martes en Consejo de Ministros, y que ahora iniciará su trámite parlamentario "en el que confiamos contar con el máximo apoyo para otorgar a una generación de jóvenes la oportunidad de empleo de calidad".
En cuanto a su aplicación en el territorio, el delegado del Gobierno ha explicado que la ley permite a las comunidades adaptar la Formación Profesional a las características de su mercado laboral y realidad productiva, "incorporando complementos de formación relevantes en cada territorio que deben especificar y desarrollar la administración autonómica", además de establecer una relación entre FP y Universidad, "facilitando el tránsito entre ambas enseñanzas".
Con 5.474 millones de euros en su memoria económica, de los que más de 1.550 proceden del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, "es la transformación del sistema productivo que nuestro país necesita" --ha continuado Fernández--, y "sigue la senda iniciada en 2018 por el Gobierno de España para una profunda transformación de la FP, que conllevó la aprobación del primer Plan Estratégico de Formación Profesional ese mismo año y del Plan de Modernización de la Formación Profesional, dotado con 2.200 millones de euros".
Entre 2020 y 2021, el Gobierno destaca que ha destinado a Andalucía 213,3 millones de euros para este ámbito formativo, de los que 63,5 millones corresponden a 2020 y cerca de 150 millones han sido transferidos este año, "unas cifras que continuarán creciendo con la nueva ley en su búsqueda por alcanzar una formación de excelencia que dé respuesta a la demanda del mercado laboral con empleo de calidad", según ha puesto de relieve Pedro Fernández.
NUEVA NORMATIVA
El documento, presentado en Consejo de Ministros el pasado mes de junio, ha sido "fruto de un intenso proceso de participación" que comenzaba a finales de 2020, según subrayan desde el Gobierno, desde donde aclaran así que el proyecto ha recibido "las aportaciones del sector empresarial, las comunidades autónomas, otros departamentos ministeriales, interlocutores sociales, numerosas asociaciones y entidades, y también de la ciudadanía".
Además, ha contado con los informes favorables del Consejo Escolar del Estado, el Consejo Económico y Social, el Consejo General de la FP, Conferencias Sectoriales y del Consejo de Estado.
El texto establece una oferta "única, modular y flexible" de Formación Profesional ordenada en itinerarios formativos que permiten la progresión a través de cinco grados ascendentes (A, B, C, D y E). La experiencia formativa de cada persona estará disponible en el nuevo Registro Estatal de Formación Profesional, que permitirá a cualquier ciudadano acceder al mismo y obtener un Informe de vida formativa-profesional actualizado.
La nueva estructura, según defiende el Gobierno, "facilitará el acceso a todo un abanico de formaciones" de distinta duración y volumen de aprendizajes que contempla desde unidades más pequeñas o microformaciones (grado A) hasta alcanzar los títulos y cursos de especialización (grados D y E). De esta forma, "cada persona podrá diseñar y configurar itinerarios propios adaptados a sus expectativas profesionales y necesidades laborales".
Además, transforma el sistema de acreditación de competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral y vías no formales de formación, con lo que se prevé que más de tres millones de personas puedan acreditar sus competencias en cuatro años.
La futura Ley, según el Gobierno, "también atiende a las recomendaciones de la UE en materia de internacionalización, regulando la participación en proyectos y organismos internacionales, la convocatoria de proyectos de formación entre centros españoles y extranjeros, así como la movilidad de alumnado y profesorado entre distintos países". Además, incluye la creación de dobles titulaciones y la oferta bilingüe.
