SEVILLA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de la Nación ha expresado "discrepancias" sobre varios artículos de la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad aprobada el pasado mes de septiembre por el Parlamento andaluz y ha acordado con la Junta de Andalucía designar un grupo de trabajo que proponga una solución.
La creación de este grupo de trabajo constituye un paso previo a la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) por parte del Ejecutivo central en caso de que ambas administraciones no alcancen un acuerdo sobre los apartados de la norma en los que mantienen "discrepancias".
En concreto, Gobierno y Junta decidieron el pasado 22 de diciembre poner en marcha un grupo de trabajo al respecto en la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, según un acuerdo suscrito por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios.
En dicho acuerdo, consultado por Europa Press, los representantes de Gobierno y Junta en la citada Subcomisión acuerdan "iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas" en relación con los artículos 17.4, 34.4, 34.5, 50 y 81 de la Ley de Atención a la Discapacidad aprobada el pasado 13 de septiembre en el Parlamento andaluz con los votos favorables de PSOE-A, Podemos y Ciudadanos, el rechazo del PP-A y la abstención de IULV-CA.
DISCREPANCIAS SOBRE LA REGULACIÓN DE LOS CONCIERTOS
En los apartados de la nueva norma que cuestiona el Gobierno figuran los relativos a la regulación de la Junta sobre la participación de la iniciativa privada en la provisión de servicios del sistema público de servicios sociales y sobre los requisitos de acceso al régimen de concierto.
La administración central también "discrepa" de la regulación de la Junta sobre el acceso y utilización de bienes y servicios a disposición del público como máquinas expendedoras y suministradoras automáticas, en particular de productos como combustibles y carburantes.
Ante las "discrepancias" expresadas por el Gobierno sobre la regulación andaluza, ambas administraciones han decidido "designar un grupo de trabajo para proponer a la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias la solución que proceda", así como comunicar este acuerdo al TC "a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)".
Este artículo de la LOTC amplía de tres a nueve meses el plazo que tiene el Gobierno de la Nación para presentar recurso de inconstitucionalidad contra leyes o disposiciones autonómicas si se produce un acuerdo en la Comisión Bilateral sobre "iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias pudiendo instar, en su caso, la modificación del texto normativo".
