El Gobierno concede 6,78 millones para atender los daños por temporal de 2018 en carreteras de Cádiz, Málaga y Sevilla

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado la concesión de 6.781.493,89 euros para atender las obras de reparación de infraestructuras municipales y red viaria de las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla, resolución que da cumplimiento al acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de noviembre de 2018, que entonces declaró como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil municipios de las tres provincias por las lluvias torrenciales y desbordamientos de torrentes de 18,19,20 y 21 de octubre.

La resolución del Ministerio de Política Territorial da cuenta tanto de las ayudas concedidas como del importe que sumaban los proyectos presentados por las Diputaciones de Cádiz, Málaga y Sevilla, que ascendían a 21.236.048,8 euros.

La Diputación de Cádiz solicitaba 80.130,00 euros para el Ayuntamiento de Zahara y ha recibido 39.748,25. La Diputación de Málaga demandaba ayudas por importe de 11.154.181,79 euros, en cuya petición incluía a los ayuntamientos de los municipios Cañete la Real, Cortes de la Frontera, Alameda, Cartajima, Almargen, Campillos, El Burgo, y Alozaina, y recibirá 5.466.446,51. Mientras que la Diputación de Sevilla solicitaba 3.220.243,12 euros, incluida ayudas para los ayuntamientos de El Saucejo, Casariche, Los Corrales y Puebla de Cazalla, y recibirá 1.275.299,13 euros.

El 2 de noviembre de 2018 el acuerdo del Consejo de Ministros señalaba en una nota de prensa que "todavía no se han terminado de cuantificar los daños en las zonas afectadas", pero aseguró entonces que era de "magnitud suficiente como para justificar la activación de las ayudas".

La resolución pone de manifiesto que las ayudas concedidas se acogen a las subvenciones para las obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos e instalaciones y servicios de titularidad municipal y de las mancomunidades y de las redes viarias de las Diputaciones Provinciales.

Contra esta resolución, los destinatarios podrán presentar un requerimiento al organismo concedente de anulación o revocación, antes de presentar un recurso contencioso-administrativo.