El Gobierno defiende "el pleno derecho" de los mayores al reconocimiento de su autonomía, protección y participación

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha defendido este miércoles el "pleno derecho de los mayores al reconocimiento de su autonomía, protección y participación social" y ha rechazado "cualquier planteamiento estereotipado que pretenda tutorizar al colectivo, sin atender al valor, a la aportación social y económica y al legado que han construido durante años y que sustenta la historia de nuestro país".

Con ese objetivo de "dignificar su papel activo en la sociedad y eliminar el edadismo es donde el Gobierno de España impulsa políticas desde hace siete años", ha explicado Pedro Fernández, mencionando en primer lugar a la revalorización de las pensiones, "una herramienta que les permite disponer de independencia y autonomía económica y de un nivel adquisitivo adecuado para ser partícipes activos en la sociedad".

En cifras, ha indicado que desde junio de 2018 en la pensión media en Andalucía se ha incrementado en más de 340 euros mensuales, es decir, un 40,5% más, pasando de los 839,5euro en junio de 2018 a los 1.179,86 euros del pasado mes de agosto, nómina que han cobrado más de 1,7 millones de pensionistas en la comunidad, según los datos recogido por la Delegación en una nota. En el caso de las de jubilación, el incremento ha sido de casi 400 euros, "creciendo un 40% en estos siete años, lo que garantiza un mayor poder adquisitivo a más de un millón de personas que han estado trabajando y aportando a nuestra sociedad".

Desde el Gobierno de España también se han adoptado medidas legislativas importantes para reconocer la edad como motivo legítimo de protección frente a discriminaciones. En este sentido, la Ley 15/2022 para la Igualdad de Trato y No Discriminación, reconoce --por primera vez en el marco jurídico español de forma explícita-- la edad como motivo prohibido de discriminación, tanto en el sector público como en el privado.

A ello se suma la proposición de reforma del Código Penal planteada en el Consejo de Ministros para incorporar el edadismo como agravante en los delitos de odio, de modo que discriminar por edad pueda tener consecuencias penales más severas. En ese afán por la autonomía de las personas mayores, se suscribió el 'Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca', destinado a incluir nuevas medidas para garantizar la atención personalizada de los ciudadanos, especialmente las personas mayores, de forma que dispongan de servicios bancarios adaptados a sus necesidades -- ampliar los servicios de caja con atención personalizada para mayores desde las 9,00 a las 14,00 horas o facilitar la atención telefónica preferente--.

Pedro Fernández también ha hecho mención al derecho a la vivienda y a la prioridad que otorga la Ley 12/2023, de 24 de mayo, a las personas mayores, y especialmente las mujeres, "para garantizarles el ejercicio efectivo del derecho a una vivienda digna y adecuada en condiciones asequibles, favoreciendo la existencia de una oferta a precios asequibles y adaptada a las realidades", unos objetivos que continuará en el nuevo Plan Estatal de Vivienda que triplica la inversión pública para la vivienda".

El Gobierno también está impulsando iniciativas para combatir la soledad no deseada y favorecer la participación activa de las personas mayores en la vida social y comunitaria. Programas de envejecimiento activo, actividades culturales y deportivas, así como talleres de capacitación digital ayudan a reducir la brecha tecnológica y facilitan que los mayores estén conectados, participen más y se sientan acompañados.

Dentro de estas medidas, "que avanzan hacia un envejecimiento más digno, activo y saludable", Pedro Fernández ha destacado el programa Cine Senior, que ya cumple su tercera edición y que facilita el acceso de los mayores de 65 años al cine a un precio de 2euro los martes en alguno de los 61 cines adheridos al programa en Andalucía.

Además de las medidas dirigidas a las personas mayores que mantienen su independencia y autonomía, Fernández ha señalado que "existe otro amplio grupo dentro de este colectivo que se encuentra en situación de dependencia y que requiere otro tipo de apoyo y atención por parte del Gobierno". Es aquí donde se ha referido a los cuidados, donde ha destacado dos iniciativas.

Por un lado, la financiación de la Dependencia, "que en 2024 alcanzó un nivel récord de financiación en Andalucía, con 738 Meuro, 508 millones más que en 2017", cantidad a la que ha sumado otros 309 Meuro adicionales de los fondos europeos transferidos a la comunidad andaluza para mejorar la atención en residencias y fomentar la teleasistencia.

En 2025 ya se ha acordado la transferencia de otros 147,8 millones de euros, correspondientes al conocido como nivel acordado y destinado a afrontar parte de la financiación estatal del SAAD (Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia). Fernández se ha detenido en este punto y ha recordado que la eliminación del "nivel acordado" se realizó siendo secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, "dentro de lo que se denominó medidas de racionalización del sistema de dependencia, que supusieron el mayor recorte en la asistencia y atención a personas dependientes, que afectó también a las cuidadoras no profesionales, desde la puesta en marcha de esta ley".

Fue en 2021 cuando el Gobierno de España recuperó este nivel de financiación, aportando una cantidad de 283 millones de euros. Desde entonces, la inversión estatal en el nivel acordado inició una senda de crecimiento, que lo ha llevado a casi triplicar en la actualidad los fondos destinados a esta partida.

El reparto de la inversión del nivel acordado entre los gobiernos autonómicos se realiza siguiendo los criterios técnicos y demográficos que fueron fijados en el Plan de Choque para el impulso del SAAD y que aprobaron los propios gobiernos autonómicos en un Consejo Territorial en enero de 2021. En este acuerdo se fijaron indicadores que medían los esfuerzos realizados por cada ejecutivo regional para mejorar la calidad de los servicios de la Dependencia, siendo las diferencias en este desempeño las que determinan que cada gobierno autonómico reciba una cantidad diferente cada año.

El otro punto al que ha hecho mención dentro del colectivo de mayores dependientes es en los cuidadores, "ya que solo garantizando su bienestar podrán continuar ejerciendo sus tareas de manera digna". Así, ha recordado que "fue en 2019 cuando este Gobierno progresista decidió que los cuidadores no profesionales -en su mayoría mujeres- de beneficiarios de la ley de dependencia pueden suscribir un convenio especial con la Seguridad Social sin tener que pagar ellos las cotizaciones, como venía ocurriendo desde 2013". "De esta forma, los años dedicados al cuidado de la persona dependiente se integran en la vida laboral de los cuidadores no profesionales y contribuyen a generar derecho a prestaciones como la de jubilación o la de incapacidad permanente", ha añadido.