SEVILLA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha realizado el reparto entre las Comunidades Autónomas de los 94,5 millones de euros, 18,9 millones para Andalucía, en tarjetas monedero, el nuevo sistema con el que se aplicará el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para luchar contra la privación material, a través del Programa 'Básico', dirigido a familias en condiciones extremas de vulnerabilidad con niños o adolescentes a su cargo, atendiendo así el objetivo de reducir la pobreza infantil que la Comisión Europea fijó como prioritario al aprobar este programa.
Se estima que unas 70.000 familias reciban estas tarjetas con las que podrán hacer compras mensuales de alimentos y productos de primera necesidad, según ha detallado la Delegación del Gobierno de España en Andalucía a través de un comunicado.
Una vez que el Ejecutivo central ha habilitado ya las tarjetas monedero, son ahora los gobiernos autonómicos los que, en el ámbito de sus competencias, tienen la responsabilidad de identificar, valorar y derivar a las personas potenciales beneficiarias de este sistema, para poderles hacer llegar las tarjetas. Así lo establece el mandato que recibieron las Comunidades Autónomas en 2022, cuando la Comisión Europea aprobó este programa.
Los beneficiarios podrán acceder de manera directa a alimentos frescos y a alimentación infantil, así como a productos básicos de higiene (incluidos los de higiene femenina), algo que supone una notable mejora respecto al tipo de productos al que optan a través del reparto tradicional de alimentos.
De esta forma, el sistema de tarjetas monedero complementa y refuerza los recursos que ya existen, como los ofrecidos por los Servicios Sociales de las comunidades autónomas o los Bancos de Alimentos, que continuarán recibiendo el resto de fondos públicos destinados a estos objetivos.
Este cambio de modelo para la aplicación del FSE+ fue aprobado de manera unánime por todas las Comunidades Autónomas en un Consejo Territorial de Servicios Sociales que se celebró hace ya más de dos años, el 15 diciembre de 2021. En ese Consejo se estableció que el sistema de tarjetas monedero debía comenzar en 2024, año en el que finalizaba el antiguo Programa FEAD.
Por esa razón, el pasado 23 de enero, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto para que este modelo arrancase este año. Se fijó como fecha de inicio este mes de abril, cuando concluye la última partida del FSE+ asignada al reparto tradicional de alimentos.
Este sistema funcionará de manera transitoria hasta el 31 de diciembre, ya que a partir del 1 de enero de 2025 serán las Comunidades Autónomas quienes gestionen el nuevo modelo en solitario. De este modo, la Administración General del Estado da más tiempo a los gobiernos autonómicos para implementar este operativo, pues la gestión de los servicios sociales es una competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas.
racias a un convenio de colaboración con Cruz Roja, y una vez que las tarjetas monedero ya están a disposición de los gobiernos autonómicos, los usuarios podrán realizar sus compras en siete cadenas de supermercados Carrefour, Alcampo, Eroski-Caprabo, Spar Gran Canaria, Más y Más, Alimerka y Dinosol.
Todas ellas han sido seleccionadas tras un proceso de licitación y tras comprobar que cumplen los requisitos fijados por el Real Decreto y por el Programa Básico; como contar con un sistema que permita facilitar las tarjetas y excluir productos no elegibles en caja, ya que el tipo de productos al que se puede acceder incluye únicamente los considerados de primera necesidad. Por ejemplo, con estas tarjetas no se podrán comprar alimentos ultraprocesados o bebidas alcohólicas.
Por otro lado, las tarjetas monedero cumplen también con el propósito de ofrecer una mayor cuantía económica a las familias beneficiarias en comparación con el anterior modelo. Según el número de miembros que formen la unidad familiar, las tarjetas monedero tendrán una dotación económica de entre 130 y 220 euros mensuales.
Además, este nuevo sistema cumple con otro objetivo importante: evitar la estigmatización social que sufren a menudo las familias más vulnerables, aplicando para ello un mecanismo que ya funciona con éxito en otros países europeos.
