Granada.- Asaja insta a Agricultura a que agilice la retirada de cadáveres de animales en las explotaciones ganaderas

Actualizado 09/07/2008 17:04:20 CET

GRANADA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Asaja Granada ha instado a la Delegación Provincial de Agricultura a que agilice la retirada de cadáveres de animales en las explotaciones ganaderas ante la "evidencia" de que la empresa gestora que se encarga de realizar el servicio, DASI, está tardando "más de una semana" en acudir al aviso de los ganaderos, obligados por ley a notificar las muertes de los animales para su traslado a los centros de eliminación autorizados.

Según incidió en un comunicado, desde el año 2003, a raíz de la 'encefalopatía espongiforme bovina' --'mal de las vacas locas'--, se prohibieron los antiguos sistemas de destrucción de cadáveres de animales por medio de la incineración o enterramiento o creando 'muladares' o 'buitreras' reglamentarios.

"Por tanto, los ganaderos están sujetos a la capacidad de gestión y los medios del servicio de recogida que con tan poca diligencia y eficacia está actuando ahora, precisamente en un momento en que los rigores del verano pueden causar una situación de mayor riesgo para la salud pública y de contaminación medioambiental", indicó la organización agraria.

Se trata, además, según la información de Asaja, de un servicio que pagan los ganaderos de manera puntual o bien cubren mediante un seguro que pagan anualmente --más del 60 por ciento de los ganaderos de la provincia de Granada tienen suscrita esta línea-- y que debe mantenerse a pleno rendimiento.

"Es deber de la Administración autonómica que contribuya con su actuación a poner fin a esta deficiencia y así se le ha trasmitido por parte de los máximos responsables de esta organización agraria que manifiestan su preocupación por lo que parece un deseo de abaratamiento de costes por parte de la empresa gestora, que desatiende con ello sus funciones", resaltó.

Así, se recordó que a los ganaderos no se les permite "ni un paso atrás" y que por incumplimiento de la normativa vigente en esta materia tanto comunitaria, nacional como autonómica "se enfrentarían a graves sanciones".