GRANADA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -
La asociación del Defensor del Paciente solicitó hoy a la Consejera de Salud, María Jesús Montero, que modifique los protocolos de actuación en el seguimiento al embarazo, como consecuencia del expediente de responsabilidad patrimonial en el que se ha resuelto indemnizar con 67.000 euros a los padres de un bebé que nació en Granada sin brazos.
En una nota remitida a Europa Press, la asociación del Defensor del Paciente, que recordó que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) reconoció finalmente que existió una deficiencia asistencial en el seguimiento al parto de esta pareja, reprochó, con todo, que en un primer momento la "actitud inicial del SAS se limitó a tratar de justificar este error diagnóstico afirmando que la falta de brazos, entre otras deformidades, pudo deberse a que esta anomalía no era tan evidente".
A raíz de ello, esta asociación instó a la Consejería del ramo a que modifique los protocolos de actuación en el seguimiento al embarazo, ya que, a su juicio, "que se realice un seguimiento de todo un embarazo por una Unidad de Medicina Fetal, donde acuden embarazadas de riesgo" y que, pese a ello, "no se detecten las anomalías físicas tan importantes que padecía el niño, sólo puede calificarse de muy preocupante".
"La actitud inicial del SAS se limitó a tratar de justificar que este error diagnóstico se debió a que la falta de brazos, entre otras deformidades, pudo deberse a que dicha anomalía no era tan evidente, admitiendo que en el protocolo de actuación del Hospital Materno Infantil de Granada la medición de todas las extremidades, a excepción del fémur, no se contempla para los estudios ecográficos", argumentó esta asociación, que calificó esta justificación de "realmente rechazable", por lo que "nos obliga a exigirle una explicación como consejera de Salud de Andalucía".
Al hilo de ello, la presidenta de la asociación del Defensor del Paciente, Carmen Flores, recordó que en una reunión que mantuvo con Montero en julio del pasado año "tuve la oportunidad de comentarle precisamente este tema", si bien lamentó que la titular andaluza del ramo "nos tachó de exagerados".
"Exagerado es asumir sin más que, a pesar del seguimiento ecográfico y asistencial completo durante el embarazo, en un 1 por ciento de casos los niños nacen con malformaciones fetales no detectadas", replicó por su parte Flores, quien ironizó que estos casos se producen "a pesar de ofrecer a las embarazadas, según nos venden continuamente, una tecnología puntera, de última generación y de máxima definición".
"NO ES UN CASO ASILADO"
"Esta actitud tan sólo nos indica el grado de autocomplacencia y escaso rigor con el que se maneja la Administración sanitaria andaluza", arremetió la presidenta de esta asociación, quien dijo que desde su organismo "no podemos considerar dicho caso como aislado, pues ha quedado evidenciado que este fallo se ha debido a defectos de organización, perfectamente previsibles y evitables, pues no puede valorarse de otra manera la equivocación reiterada a lo largo de ocho meses de seguimiento del embarazo", justificó.
"Es por ello, por lo que pedimos que no se resuelvan estos casos con la concesión de una ridícula indemnización de 67.000 euros como es este caso, sino que se adopten las oportunas soluciones para que no vuelvan a repetirse, mediante la modificación de los protocolos de actuación y, sobre todo, la adopción de concretas medidas sancionadoras a aquellos que han podido permitir, con su negligente actuación, que una negligencia como ésta se haya producido", concluyó.
