JAÉN, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Justicia y Administración Pública, María José López, aseveró hoy que la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de abrir un expediente disciplinario a una juez de Motril (Granada) pone de manifiesto que el consejo también "protege y avala a la ciudadanía".
En declaraciones a los periodistas en Jaén, López, que clausuró las jornadas 'Las nuevas perspectivas de la globalización' en la universidad, pidió "respeto" para las instituciones y, concretamente, a la decisión de llevar ese expediente al CGPJ.
Al respecto consideró que esta decisión es muy "respetable" y añadió que es "muy positivo" en este caso concreto, donde, supuestamente, se han cometido una serie de "errores" en momentos puntuales que "han perjudicado a una parte de la ciudadanía".
Por ello, la Administración de Justicia "tiene que estar a la altura de la ciudadanía y si el consejo entiende que ese comportamiento no es el adecuado, los ciudadanos deben valorar esa decisión", aclaró.
En este sentido, la consejera precisó que "estos comportamientos no son generales del poder judicial en Andalucía", ya que, según indicó, "los jueces y magistrados de Andalucía son personas con mucha diligencia y formación", por lo que "habitualmente no se suelen producir este tipo de comportamientos", apostilló.
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial acordó este miércoles por unanimidad abrir un expediente disciplinario por cuatro faltas muy graves a la titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Motril, Adelina Entrena, por no liberar a tres presos cuando les correspondía. Uno de ellos, J.C.M., estuvo en prisión 437 días después de haber sido absuelto.
Tres de las faltas muy graves imputadas a la juez Entrena son por desatención del artículo 417.9 y se deben al retraso sufrido en la excarcelación de tres presos. El caso del que estuvo irregularmente en prisión 437 días motivó la presentación de una querella contra la magistrada por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por un delito contra los derechos fundamentales. La admisión a trámite de esta querella hizo que la Comisión Permanente del CGPJ suspendiera cautelarmente a la juez Entrena.
Las otras dos excarcelaciones, detectadas durante la inspección realizada en su Juzgado, son las de un hombre acusado de malos tratos que estuvo 35 días encarcelado irregularmente, y otro preso que estuvo 38 días en prisión sin que le correspondiera. La Comisión Disciplinaria ha decidido dar traslado al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Granada del informe realizado por el Servicio de Inspección y del acto de visita de conocimiento extraordinaria, realizada el pasado 6 de junio, por si también considera necesario actuar penalmente contra la juez Entrena estos dos casos.
La otra falta grave, prevista en el 417.14, consiste en ignorancia inexcusable de los deberes judiciales, ya que la juez no dispuso las más mínimas cautelas legales para dar cumplimiento de sus obligaciones, puesto que no puso en marcha un listado de presos ni había dado instrucciones a los funcionarios del juzgado para que estuvieran al tanto de la situación de los encarcelados.
