Una comisión de investigación investigará el caso, en el que la Diputación "no ha sido parte"
GRANADA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
El grupo socialista de la Diputación de Granada negó hoy haber ordenado la contratación de militantes del partido y ordenó el cese del coordinador de seguridad de la institución, Juan Carlos Adarve, después de la sentencia del Juzgado de lo Social 1 d Granada que establece que éste acosó a una trabajadora tras negarse a indicarle los nombres de los que no eran afines al PSOE con el fin de contratar a éstos últimos.
En el fallo se condena a la empresa adjudicataria del servicio de seguridad de la institución supramunicipal, Segurisa S.A., a readmitir a la empleada, que trataron con "una clara actitud de acoso" la dirección de la empresa y el coordinador de seguridad "que menoscaba la dignidad de la trabajadora", situación que se originó, según el juez, en la falta de colaboración de ésta en un modo de proceder en la contratación de los trabajadores.
Por ésta razón el grupo socialista en la Diputación, que gobierna en coalición con IU, contratará, según informó hoy en un comunicado, una auditoría externa para analizar la prestación del servicio por parte de la empresa adjudicataria, a la cual tendrán acceso todos los grupos políticos con representación en la institución.
De igual modo, se constituirá una comisión de investigación integrada asimismo por todos los grupos políticos con representación en la Diputación, medidas que el PSOE toma "en aras de conseguir la mayor transparencia en lo que a la gestión de la seguridad de la institución provincial se refiere".
El PSOE señaló que ésta se trata de una sentencia acerca de un litigio entre una trabajadora y la empresa Segurisa que tiene adjudicada la seguridad de la institución provincial, pero en el cual "la Diputación no ha sido parte".
"El acceso laboral a la Diputación de Granada se ciñe a los criterios marcados por la ley tanto en el acceso al cuerpo de funcionarios como en el de los contratos temporales", indicó el grupo socialista, quien incidió en que "jamás" ha ordenado el despido de ningún trabajador o la contratación de militantes del PSOE.
Tras pedir la dimisión de Ascensión D.R. y la negativa de ésta, el coordinador privó de su despacho a la trabajadora, que era jefa de servicio, para trasladarla a una sala de control común, bajo la vigilancia de una cámara de seguridad colocada al efecto. A la vez, y ante la "alarma" creada entre los trabajadores de Segurisa en la Diputación, se creó una plataforma de defensa de sus intereses al margen del Comité de Empresa, del que era representante la demandante.
La empresa comenzó entonces a remitir a la trabajadora comunicaciones "carentes de sentido" que ésta se veía obligada a responder, "debiendo defenderse de acusaciones sin sustento", y, "de forma fulminante" se le dejó de abonar un complemento que se le pagaba en su condición de jefa de servicios. "Ante el fracaso de estas estrategias se le ofreció un cambio de puesto para ser una simple vigilante, eso sí, manteniendo su salario, y, ante la resistencia de la trabajadora a esa oferta, se procede al despido que la propia empresa reconoce como improcedente", se señala en el fallo.
