GRANADA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Granada ha condenado al constructor granadino José Ávilas Rojas a ocho años de prisión y pagar una multa superior a los diez millones de euros por cuatro delitos consumados de defraudación a la Hacienda Pública en 2001 y 2002 en sendas operaciones inmobiliarias desarrolladas en Marbella (Málaga).
La sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, impone dos años de prisión por cada uno de los cuatro delitos, aunque el cumplimiento efectivo será de seis y añade que el constructor deberá indemnizar a Hacienda con una cantidad superior a los cinco millones de euros, perdiendo además la posibilidad de recibir subvenciones e incentivos de la Seguridad Social por un periodo de cuatro años.
El Tribunal indica que "está fuera de toda duda" que Ávilas Rojas ejerce de manera pública y notoria como profesional de la actividad inmobiliaria, a pesar de que "todo el esfuerzo defensivo ha sido negar su carácter de empresario" en la compraventa de dos fincas y que son generadoras del pago de los impuestos del IVA e IRPF, "que se han eludido".
Añade además, que la adquisición de las operaciones enjuiciadas no pueden equipararse a la adquisición de una finca por parte de un particular, "dadas las personas que intervienen --profesionales del sector-- " y puesto que "difícilmente un particular está en condiciones de negociar un convenio urbanístico con un Ayuntamiento, sino es porque se dedique profesionalmente a la promoción inmobiliaria".
Así, en la sentencia se declara como hechos probados que José Ávilas Rojas y la sociedad mercantil CCF 21 Negocios adquirieron el 22 de mayo de 2001 la finca conocida como Huerta de las Monjas, ubicada en Marbella, por unos tres millones de euros y que ese día la vendieron a la mercantil Promociones y Propiedades Inmobiliarias Espacio S.L por 11,4 millones de euros.
Esta operación estaba sujeta al IVA, por lo que Ávilas Rojas debía haber ingresado al Erario Público unos 918.000 euros y que al no haber reflejado esta cantidad en sus autoliquidaciones de 2001 obtuvo una defraudación en la cuota del impuesto por una cantidad de 583.570 euros. De igual modo, con la reventa de esta finca obtuvo este mismo año una ganancia empresarial de 4,2 millones de euros que no fue declarada en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, obteniendo una defraudación en la cuota del IRPF de 1,9 millones de euros que tampoco reflejó.
En una operación posterior llevada a cabo el 29 de julio de 2002, el Tribunal considera probado que de nuevo el acusado y CCF 21 Negocios vendieron la finca 'Coto de los Dolores' a la sociedad Arenal 2000 S.L por 7,6 millones de euros --la adquirieron por 1,8 millones--, declarándose esta operación sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido, según indica la sentencia.
No obstante, el 9 de octubre de 2002 se otorga nueva escritura y se acuerda elevar el importe inicial en 2,54 millones de euros, por lo que el precio de venta había quedado fijado definitivamente en 10,2 millones de euros, y no sujetado al IVA, con lo que eludió el pago de este impuesto y obtuvo, al no ingresar la cantidad que correspondía en el Tesoro, un beneficio de 823.000 euros.
Respecto al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2002, el Tribunal considera que "se produjo un beneficio empresarial de 4,20 millones de euros, que debió incluir en la declaración del IRPF en vez de los 3,8 que reflejó, y al no hacerlo se produjo "un perjuicio para el Erario Público de 1,6 millones de euros".
Por último, se le absuelve del delito de apropiación indebida que pedía la acusación particular promovida por Promociones y Propiedades Inmobiliarias S.L.
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