Granada.- Tribunales.- El juez rechaza imputar al concejal de Urbanismo en el 'caso Gomérez'

GRANADA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, Miguel Angel del Arco, ha rechazado la imputación en el 'caso Gomérez' del concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, Luis Gerardo García Royo, así como la revocación del auto con fecha 13 de diciembre en el que se transformaban las diligencias previas en procedimiento abreviado, al desestimar los recursos presentados.

En el auto, al que tuvo acceso hoy Europa Press, Del Arco rechaza reabrir las diligencias previas e imputar a García Royo, ya que "en su momento no hubo decisión judicial de recurrirla" por la parte que ahora lo solicita.

Asimismo, continúa el auto "imputación que no se ha acordado de oficio, ni a instancias del fiscal ni de ninguna parte", hecho que no ha impedido, sin embargo, el cobro de la indemnización por parte de algunos representados, así como seguir la acción penal respecto a otros.

Por otra parte, Del Arco destacó que "no es la primera vez que se pide el sobreseimiento de las actuaciones y ofrece razones de mantenimiento de la situación procesal de imputados que afecta a técnicos-administrativos, contratistas, subcontratistas y coordinadora de seguridad".

En este sentido, el magistrado indicó que "es casi imposible finalizar una instrucción con la petición reiterada de sobreseimiento, pero puede ser el logro de una pretensión: ahogar la instrucción y convertirla en millares de folios y luego descalificar al instructor con las dilaciones debidas".

El juez procesó el pasado mes de diciembre a nueve personas entre ellas el número dos de Urbanismo, Manuel Lorente, por la muerte de un obrero ecuatoriano Guillermo Estalin, que trabajaba en condiciones irregulares en las obras del derribo de Gomérez el 21 de diciembre de 2004.

En dicho auto, el instructor imputaba un delito de homicidio imprudente, una falta de lesiones por imprudencia, un delito contra la seguridad del trabajo por la infracción de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, un delito contra el derecho de los trabajadores y otro por emplear a súbditos extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones.

En su escrito de acusación, el Ministerio Fiscal solicita la pena de tres años de prisión y cuatro de inhabilitación para tres funcionarios municipales por los delitos de homicidio imprudente y contra la seguridad en el trabajo, así como para el resto de acusado, en total nueve personas, a los que atribuye la comisión de estos u otros delitos, entre ellos, contra el derecho de los trabajadores.