Sesión del grupo de trabajo sobre violencia de género constituido en el Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
SEVILLA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
El grupo de trabajo relativo a lucha contra la violencia de género en Andalucía constituido en esta legislatura en el Parlamento autonómico ha aprobado el informe que será objeto de debate y votación este próximo martes, 29 de julio, en la comisión de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.
El informe, consultado por Europa Press, fue aprobado por el grupo de trabajo en una sesión celebrada el pasado 16 de julio, con los votos a favor del PP-A, en contra de Vox y las abstenciones del PSOE-A y Por Andalucía.
Parte de la premisa de que "la violencia de género constituye una de las manifestaciones más graves de la desigualdad entre mujeres y hombres, y representa una vulneración de los derechos fundamentales que afecta a todas las sociedades, con independencia de su nivel de desarrollo, siendo un grave problema estructural al que no podemos permanecer ajenos".
El documento recoge así una serie de propuestas enmarcadas "dentro del compromiso firme del Parlamento y del Gobierno andaluz con la erradicación de la violencia contra las mujeres, en coherencia con los principios del Pacto de Estado, las obligaciones internacionales y la normativa autonómica vigente", y su "finalidad última" es la de "contribuir, desde la escucha y el consenso, a una sociedad más justa, segura e igualitaria para todas las mujeres en Andalucía", partiendo de la base de que los datos "evidencian que la violencia de género no es un problema superado, sino que requiere una respuesta institucional firme, sostenida y coordinada".
Así las cosas, el informe dedica un apartado a exponer una serie de "propuestas y recomendaciones" encuadradas en siete bloques, que pasan por la "mejora de la coordinación institucional y territorial"; el "refuerzo de la red pública de atención a víctimas de violencia de género"; la "formación continua y especializada para profesionales"; la "prevención y sensibilización en el ámbito educativo y comunitario"; la "adaptación normativa ante nuevas formas de violencia"; la "evaluación, investigación y calidad de los servicios", y la "atención a colectivos especialmente vulnerables y ámbito rural".
En concreto, el informe llama a "continuar fortaleciendo los mecanismos de colaboración entre las distintas administraciones públicas, con especial atención a la cooperación con el Estado, en lo que se refiere a justicia, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y políticas migratorias", así como recomienda "establecer sistemas más eficaces de derivación y seguimiento de casos en todo el territorio andaluz, con herramientas digitales compartidas y formación coordinada".
CRÍTICAS A LA LEY DEL 'SÓLO SÍ ES SÍ'
El informe critica la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual --conocida como ley 'del sólo sí es sí'--, al entender que ha conllevado "importantes retrocesos en materia de protección a las mujeres", por lo que pide que "se adopten medidas oportunas para reparar, tratar de minimizar la revictimización y garantizar la protección de las mujeres víctimas de las nefastas consecuencias de la aplicación de la citada ley".
De igual modo, el informe propone "continuar ampliando recursos" de la red de atención andaluza "en zonas rurales", así como "mejorar la estabilidad de los equipos profesionales", y "garantizar, con carácter urgente, la total implantación, dotación y funcionamiento efectivo de centros de crisis 24 horas para la atención integral a víctimas de violencia sexual (...), asegurando su distribución territorial, financiación estable y gestión pública especializada y presencial".
Además, el informe propone "asegurar, dentro del sistema público, servicios de atención psicológica gratuitos, con carácter prolongado y no limitado a la fase inicial o judicial, prestados por profesionales con formación específica en trauma, violencia machista y atención a la infancia expuesta a violencia".
NUEVAS FORMAS DE VIOLENCIA
Asimismo, desde el grupo de trabajo entienden que "se hace necesario, también, ampliar los recursos institucionales especializados para la atención de formas específicas de violencia de género aun insuficientemente abordadas, tal como la violencia digital, incluyendo acoso a través de redes, control digital, difusión no consentida de imágenes íntimas (...), con unidades de apoyo técnico, jurídico y psicológico".
Otras propuestas del informe son las de "consolidar una red de pisos tutelados o viviendas de tránsito (...) para favorecer la autonomía progresiva de las mujeres y sus hijos e hijas tras la salida de los recursos de emergencia"; "garantizar la implantación de 'Puntos Violeta'" en eventos públicos locales como "ferias, festivales, fiestas, o cualquier otro evento susceptible de que puedan existir violencias machistas".
Asimismo, se plantea reforzar "las actuaciones formativas y de sensibilización en materia de violencia machista de todo el personal autonómico que de forma directa o indirecta pudiera participar en protocolos de protección a víctimas y de prevención de la violencia machista".
CAMPAÑAS CONTRA "DISCURSOS NEGACIONISTAS"
En materia educativa, el documento propone "incorporar contenidos educativos que promuevan relaciones igualitarias y prevengan la violencia en cualquiera de sus manifestaciones entre nuestros jóvenes", así como "impulsar campañas públicas dirigidas a hombres jóvenes, con el objetivo de combatir los discursos negacionistas y los modelos de masculinidad hegemónica, que deberán difundirse en redes sociales, plataformas digitales, entornos de ocio juvenil y espacios educativos no formales".
Igualmente, el informe propone "desarrollar estrategias específicas y medidas de sensibilización" para la "violencia digital, vicaria, económica y otras manifestaciones emergentes", así como recomienda "fomentar la investigación aplicada sobre violencia de género a través de las universidades públicas andaluzas", e "impulsar un sistema público y homologado de recogida, análisis y difusión de datos desagregados en el ámbito de la violencia de género en Andalucía".
CONCLUSIONES
Tras el apartado de propuestas y recomendaciones se incluye en el informe otro de "conclusiones generales" que sostiene que "Andalucía ha consolidado en los últimos años un compromiso político, técnico y presupuestario firme en la lucha contra la violencia de género", y donde se deja "constancia" de la "voluntad inequívoca" del Parlamento andaluz de "seguir trabajando por una Andalucía libre de violencia de género, impulsando todas aquellas medidas que mejoren la calidad de vida de las víctimas, la prevención efectiva de la violencia y la conciencia social frente a esta lacra".
El grupo de trabajo sobre violencia de género quedó constituido el 18 de octubre de 2023, un mes después de que el Pleno del Parlamento aprobara su creación a propuesta del PSOE-A con los apoyos del PP-A, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, mientras que Vox se opuso.
El objetivo con el que se constituyó es el de "analizar, reflexionar y desarrollar medidas sobre la continua lucha contra la violencia de género en Andalucía que, en el marco de sus competencias, el Gobierno andaluz debe poner en marcha, sin demora, para luchar contra esta lacra social".
Desde su constitución, el grupo de trabajo ha celebrado más de una veintena de sesiones en las que han participado representantes de instituciones, profesionales del ámbito jurídico --como la fiscal delegada de Violencia a la Mujer en Andalucía, Flor de Torres, o la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona--, sanitario, educativo y social, así como organizaciones especializadas en la atención a mujeres víctimas de violencia de género, y el informe recoge un resumen de sus intervenciones durante sus comparecencias.