SEVILLA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
La representación legal del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero ha presentado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla un recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el auto dictado el pasado 17 de septiembre por el juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana en el que acuerda procesarle en una pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) al entender que ya ha sido juzgado por estos hechos en la denominada 'pieza política'.
En el auto presentado por su letrado, Rafael Ramírez, se esgrime que se ha vulnerado el principio constitucional de 'non bis in idem' --por el que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito--, así como que en la instrucción de ordenar procedimiento abreviado por parte del juez "se citan diligencias de distintos procedimientos derivados del procedimiento denominado 'especifico'" de los que ha sido excluido Guerrero y que los delitos que se les atribuye en este nuevo procedimiento han prescrito.
En concreto, el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, se señala que a Guerrero se le atribuyen, al menos indiciariamente delitos de
prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación, pero que al analizar los indicios que existen contra él, cabe resaltar "diferentes manifestaciones" que el propio Auto expone como que hubiera llevado a "cabo pagos particularizados" para beneficiar "a cuatro personas con las que tenía cierta vinculación personal, aprovechándose del cauce abierto por aquel 'procedimiento específico'".
De hecho, se apunta que el auto del magistrado hace referencia al programa 31L --partida conocida popularmente como 'fondo de reptiles'--. Así, la representación legal de Guerrero indica que "no existe duda, y así se recoge, que los hechos que se le atribuyen tienen relación directa con la denominada partida 31L, partida por la que ha sido enjuiciado recientemente, hoy día a la espera de sentencia".
Igualmente, tal y como adelante 'Diario de Sevilla', el auto apunta que en el juicio de la 'pieza política', el exdirector de Trabajo "fue interrogado por parte de las acusaciones directamente por las ayudas que constan en el presente procedimiento" por lo que es "aplicable el principio 'non bis in ídem' como ya se solicitó y fue reconocido por el Juzgado instructor en su auto de fecha 11 de abril de 2018, confirmado mediante auto de fecha 6 de julio de 2018".
Cabe recordar que en el auto dictado por juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, se acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias relativas a una pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) contra Guerrero y otras cinco personas al entender que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
En el auto, dictado el 17 de septiembre y facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a Europa Press, el juez también acuerda continuar el procedimiento contra las entidades Vitalia y Holding Europeo Tindex en calidad de responsables civiles subsidiarios y da traslado de la causa al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación, pidiendo el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.
El juez explica en la resolución que el objeto de esta pieza separada "lo constituye lo que se han venido a denominar las 'pólizas individuales', en referencia a pólizas de seguro de rentas temporales y/o capital diferido concertadas, sin causa justificada, a iniciativa' del ex director general de Trabajo, y todo ello "en beneficio --vía certificados individuales-- de personas físicas de su entorno cercano, cuatro personas en este caso (amigos y vecinos), bien por propia iniciativa" de Guerrero o "bien por pedírselo la persona interesada".
En este sentido, el instructor pone de manifiesto que estas personas "resultaron beneficiadas injustificadamente con elevadas cantidades de dinero al aparecer la propia Dirección General de Trabajo como tomadora de los seguros, cuyas primas se abonaron mediante el método de los llamados 'pagos cruzados' a través de cartas remitidas" por el ex alto cargo investigado "a compañías aseguradoras que ya disponían de fondos públicos -concedidos a través del denominado procedimiento específico- para que determinadas cantidades fueran desviadas en beneficio de aquéllas personas para el pago de los seguros concertados individualmente sobre ellas".
Así, el instructor señala que, según resulta de las actuaciones, Guerrero "aprovechó la suscripción en el curso de los años 2002, 2006 y 2007 -fundamentalmente- de diversas pólizas de seguro de rentas de supervivencia y capital diferido mediante las cuales la Consejería de Empleo pretendía hacer llegar ayudas públicas a empresas en situación de crisis o conflicto laboral, para introducir en tales pólizas o en sus ampliaciones, al margen de cualquier expediente de regulación de empleo o ayuda sociolaboral", a cuatro varones, dos de los cuales ya han fallecido, uno de ellos fue alcalde de El Pedroso.
