Perito propuesto por Magdalena Álvarez reprocha que "preparen el terreno para concluir que el Parlamento aprobó Ley de Presupuestos fraudulenta"
SEVILLA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -
El jefe del equipo de peritos de la Intervención General del Estado, Ángel Turrión, declaró este miércoles en el juicio de los ERE que el Parlamento andaluz "fue inducido a error por el Consejo de Gobierno porque los proyectos de presupuestos estaban fraudulentamente elaborados".
El juicio se celebra la Audiencia de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta andaluza por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales y directas a empresas en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.
Así ha respondido Turrión después de que Juan Ramallo, perito de parte propuesto la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, haya criticado en la sesión de este miércoles, centrada en el debate sobre las competencias del director general de Presupuestos en la elaboración de los Presupuestos y del Parlamento, que los informes elaborados por los peritos de la IGAE "preparan el terreno para hacer una acusación seria sobre que el Parlamento aprobó una Ley (de Presupuestos) fraudulento o errónea".
Para Ramallo lo que una ley puede ser es inconstitucional y "la capacidad para decir si es o no inconstitucional la tiene el Tribunal Constitucional, no los peritos de la IGAE". "Me dan reparo estas declaraciones sobre que los personajes que intervienen en los presupuestos tienen la finalidad de hacer un fraude al Parlamento. Esto va al corazón del sistema democrático", ha manifestado.
Ante estas palabras Turrión ha asegurado: "Nunca hemos dicho eso, búsquelo y dinos dónde está en nuestros informes". "Sí hemos dicho y textualmente que el Parlamento fue inducido a error por la Junta, por el Consejo de Gobierno, porque los proyectos de presupuestos estaban fraudulentamente elaborados", precisando que la palabra "fraudulenta", atendiendo al sentido de la RAE, se usa aquí como "falaz o engañoso".
"No hemos ninguneado al Parlamento, sino que decimos que los presupuestos de la Consejería de Empleo y del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) --ente encargado de materializar el pago de las ayudas investigadas y concedidas por la Dirección General de Trabajo con cargo al programa presupuestario 31L-- fueron elaborados fraudulentamente, por lo que en base a ello el Parlamento aprobó una partida, las transferencias de financiación --para allegar fondos a IFA/IDEA-- que la propia Cámara autonómica dice que debían ser destinadas para cubrir pérdidas de los entes públicos y si no se destinan a ese fin deben ser reintegrados", ha expresado, aclarando que esto "lo decimos y lo demostramos, no es un juicio de valor".
A este respecto, el perito Juan Zornoza, a propuesta de la defensa del ex director general de Presupuestos Antonio Lozano y del expresidente de la Junta José Antonio Griñán, ha subrayado en varias ocasiones que el Parlamento es el único que tiene poder decisorio para aprobar los presupuestos, admitiendo: "Me cuesta pensar que pueda ser engañado".
De otra parte, el perito Juan Antonio Carillo, encargado del informe pericial de parte presentado por la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, ha señalado que la afirmación de Turrión es "un sofismo" y una afirmación "falaz" porque el Parlamento "jamás ha sostenido" que las transferencias son "siempre" para cubrir la cuenta de pérdidas de los entes.
A este respecto, Turrión ha recordado "tres leyes", aunque "hay más de 40 normas y más de 20 leyes", que dicen "qué son y para qué se utilizan las transferencias de financiación". Así, ha citado la Ley 8/1997 de 23 de diciembre --Ley de acompañamiento de los Presupuestos de 1998-- y que define las transferencias "de modo permanente", apuntando que "deben ser utilizadas para cubrir la cuenta de pérdidas de los entes y que los créditos que no se destinen a tal fin deben ser reintegrados a la Tesorería General de la comunidad".
Además, ha indicado la Ley 15/2001 de 26 de diciembre y la de 7/2013, de acompañamiento para los Presupuestos de 2014, que hacen una definición "idéntica" y añaden que la Consejería de Hacienda dictará las normas para realizar ese reintegro de los fondos.
En definitiva, dicen que las transferencias "valen exclusivamente para financiar pérdidas y el importe no aplicado debe ser reintegrado a la Tesorería General de Andalucía y para ello la Intervención General de la Junta y la Dirección General de Presupuestos elaboraron sendas instrucciones estableciendo el procedimiento de reintegro".
LA TRANSFERENCIA SIRVE "PARA LO QUE EL LEGISLADOR DICE"
A este respecto, Zornoza ha señalado que si el Parlamento aprueba que las transferencias de financiación, créditos presupuestarios con rango normativo, con un destino distinto como es el pago de las ayudas sociolaborales, se deroga la ley anterior que diga sólo sirve para cubrir pérdidas. "Una transferencia sirve para lo que el legislador dice cuando las otorga", ha resaltado.
Antes de entrar en el debate de las transferencias, la prueba pericial ha girado en torno a las competencias para la elaboración de los presupuestos, en cuyo sentido Turrión ha insistido en el que director general de Presupuestos, vía decretos de estructuras, tiene "todas las competencias que otorga la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía a la Consejería de Hacienda para la elaboración de los presupuestos, que posteriormente somete a la titular del ramo el anteproyecto y el consejero, a su vez, al Consejo de Gobierno".
Mientras, los peritos Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez Lago, propuestos por Antonio Lozano y José Antonio Griñán, han defendido que las competencias del director general de Presupuestos son de "coordinación" y de dar "criterios técnicos" para su elaboración. "Ni la Dirección General ni los consejeros del ramo determinan ni el cuánto ni el para qué, sino que vienen predeterminados por las distintas consejerías".
Para el profesor Martínez Lago, la Consejería de Hacienda "no es el factótum que controla la elaboración, aprobación y control" del Presupuesto, precisando que la IGAE es el "máximo centro de control" y que la Ley de Hacienda Pública determina quién es el competente para el control, añadiendo la función de control del Parlamento.
Para Turrión es "obvio" que el Parlamento aprueba los presupuestos, pero en el proceso de elaboración la competencia radica en la Consejería de Hacienda y por ende en la Dirección General de Presupuestos, ha insistido. Ha desechado la idea de algunos informes periciales de parte de "una sencilla coordinación" como función del director general, que tiene todas las competencias para elaborar el presupuesto, pero no "en decir las cantidades de cada partida, sino en la clasificación económica, que es obligatoria y vinculante".
"LOS PRESUPUESTOS Y EL TORO"
El fiscal anticorrupción, tras pedir a los peritos que se ciñan en sus respuestas para continuar con su hilo conductor, ha preguntado por los presupuestos de los entes públicos y las modificaciones presupuestarias. El tribunal, por su parte, ha interrumpido a un perito para aclararle que puede opinar sobre las conclusiones de sus compañeros pero no interrogarles.
Precisamente, Zornoza ha explicado que el presupuesto es, según el Tribunal Constitucional, una foto fija y las modificaciones presupuestarias una película. "El presupuesto es todo como un toro desde que sale al ruedo y termina con la ejecución presupuestaria", precisando que en función de su relevancia las modificaciones serán autorizadas por los consejeros sectoriales, la titular de Hacienda o el Consejo de Gobierno, previo informe favorable del interventor delegado de la Consejería proponente.
